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Qué es la ley de medios


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Mucho se habla en los últimos tiempos acerca de la Ley de Medios en Argentina; desarrollándose discusiones de todo tipo en ámbitos tan variados como la televisión, radio, redes sociales, escuelas, universidades, el trabajo, la calle e incluso en el hogar; entre profesionales del tema, funcionarios públicos, desconocidos, compañeros de trabajo o estudio, amigos y familiares; gran parte del pueblo argentino últimamente se involucra en la polémica pero en muchos casos sin saber del todo bien de qué se trata.

Por eso es bueno manejarse con mayor objetividad y datos concretos, por lo que aquí se explica de manera clara y fácil de entender, punto por punto la Ley de Medios Audiovisuales.

Ante todo se debe saber que la Ley de Medios oficialmente se llama Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y su función principal es la de definir las normas de funcionamiento de medios de comunicación radiales y televisivos en Argentina.

Pero antes de ver qué es precisamente la Ley de Medios de la que tanto se habla últimamente, es necesario saber cómo surgió, de dónde proviene la idea de promulgar una nueva ley que normalice a los medios de comunicación del país, quiénes la impulsaron, cuáles son las causas que llevaron a proyectarla, cuáles fueron las distintas situaciones de los medios de comunicación a lo largo de la historia, cuánto tuvieron que ver las distintas dirigencias políticas en la organización del actual espectro mediático y cómo una herramienta tan útil para la sociedad como la radiodifusión audiovisual se fue transformando a lo largo de las décadas en un negocio para unos pocos en el que la pluralidad de ideologías y voces no tuvo oportunidad de participación. Para eso es necesario leer algo de historia de los medios.

Si prefieren leer la sección del artículo que describe la actual Ley de Medios pueden entrar a: Explicación de la nueva Ley de Medios.
 

Historia de la Ley de Medios

Es necesario aclarar que no es la primera ley que ha fijado las normas de funcionamiento de los medios de comunicación en el país; ya que desde un principio, con el nacimiento de la radiofonía en Argentina, en 1920, comenzaron a implementarse normas y leyes que ordenaban las actividades de los medios de comunicación; las cuales serían modificadas periódicamente acorde a las necesidades de los gobiernos y políticas de turno. Con la llegada de la televisión en 1951 no sería distinto, ya que dos años más tarde se promulgó la Ley de Radiodifusión; a la cual la sucederían otras hasta llegar a 1980 en que se instauró la última ley de medios de la dictadura que fue sustituida por la actual.

Veamos una breve lista de todas las leyes de organización de los medios de comunicación que existieron en el país:

  • Entre 1920 y 1924, se aplicó para las primeras emisoras de radio, la ley 750 ½ del año 1875, que legislaba de una manera general el régimen de telégrafos, y según la cual se otorgaban las primeras licencias de radiofonía: a Sociedad Radio Argentina (primera licencia de radiotelefonía otorgada en el país) en 1920, Radio Sud América en 1922, Radio Cultura y Radio Splendid en 1923; más una de carácter municipal a Federico N. del Ponte, tras la ordenanza del 6 de octubre de 1922, por un período de 20 años, para efectuar la instalación de un sistema de estaciones fijas y portátiles.
  • Decreto del 27 de marzo de 1924.
  • Decreto del 21 de noviembre de 1928 establece en su artículo que el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Correos y Telégrafos somete a su jurisdicción a todos los servicios radiotelegráficos del país entre los que se incluyen las radioemisoras.
  • Decreto del 10 de abril de 1929, que prohibía acordar nuevas licencias, siendo la única manera legal para llegar a tener el control de más de una estación la transferencia de licencias.
  • En 1934 se establece, por simple resolución de Correos y Telégrafos, un máximo de 100 palabras entre programa y  programa, con un máximo de 10 tandas de 10 palabras cada una y una sola mención de producto para no fatigar al radioyente.
  • Decreto del 3 de mayo de 1933 entre los artículos 83 y 107, que regló a los servicios de radiodifusión entre 1933 y 1946.
  • Decreto 13.474 del 14 de Mayo de 1946, aprobó el Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión.
  • Entre 1948 y 1951 todas las radios, excepto LV1 Radio Graffigna cuyos dueños no aceptaron venderla, fueron compradas por el estado (estatizadas) y puestas bajo la dirección administrativa de los ex dueños en muchos casos o de amigos del gobierno.
  • En octubre 17 de 1951 nace la televisión pública en Argentina, y en 1953 se dictó la Ley de Radiodifusión 14.241, siendo la primera y única instaurada por un gobierno constitucional hasta la actual Ley de Medios Audiovisuales. Esa ley, permitía las licitaciones de redes de radiofonía para adjudicarlas a particulares que podrían explotar las emisoras de radiodifusión.
  • Tras el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 se firmó el decreto 170/55, que por su artículo 1º anulaba por “ilegales” los decretos de adjudicación con la intención de controlar a los medios de comunicación; designándose de inmediato interventores con funciones ejecutivas en cada una de las empresas que explotaban las redes en funcionamiento.
  • Decreto Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión sancionado en 1957.
  • El decreto reglamentario 5490/65 (del año 1965), expresaba entre varios puntos que los contenidos de las transmisiones se subordinaban a determinadas normas; cuyo cumplimiento sería fiscalizado por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART).
  • En 1972 se dicta el decreto-ley 19.798/72 denominado Ley Nacional de las Telecomunicaciones, a través del cual se estableció el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), suplantando así al CONART.
  • En agosto 1 de 1974 se estatizaron los canales de televisión, y la Ley 20.577 consideró de interés nacional “toda innovación que pueda efectuarse en materia de sistemas de transmisión de imágenes televisivas en todo el territorio de la República”. Dicho tipo de innovación debiendo ser aprobada por ley del Congreso Nacional previo estudio de sus características técnicas y consecuencias económico-sociales.
  • Ley de Radiodifusión 22.285, sancionada en marzo 24 de 1980, por el gobierno de facto de aquel entonces; la cual permaneció vigente durante casi 30 años, hasta la sanción de la actual Ley de Medios Audiovisuales.

Por lo tanto como se puede ver en la lista anterior, la ley que que gobernaba a los medios de comunicación en Argentina hasta la promulgación de la actual Ley de Medios Audiovisuales 26.522, era de pleno corte dictatorial, centralista, autoritaria y discriminatoria.

  • Dictatorial: Por haber sido instaurada por un gobierno de facto.
  • Centralista: Porque toda su aplicación estaba ceñida al Poder Ejecutivo u organismos dependientes de él como el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), dejando de lado por completo a las provincias.
  • Autoritaria: Dado que limitaba el funcionamiento de los medios –y la información transmitida- a las supuestas necesidades de la "seguridad nacional", siendo altamente víctima de la censura y de las limitaciones de libertad de expresión.
  • Discriminatoria: Dado que no permitía a ninguna entidad legal que no sea una sociedad comercial regularmente constituida a tener medios de comunicación. Por lo tanto solamente podían adquirir licencias empresas con fines netamente comerciales, quedando excluidas las cooperativas, las sociedades civiles, las fundaciones y las asociaciones civiles.

El COMFER dependía directamente del Poder Ejecutivo Nacional y estaba formado por un Directorio de siete miembros; con un presidente y seis vocales los cuales también eran designados por el mismo Poder Ejecutivo Nacional. Cada miembro pertenecía a uno de los siguientes sectores:

  • Ejército Argentino
  • Armada Argentina
  • Fuerza Aérea Argentina
  • Secretaría de Información Pública
  • Secretaría de Estado de Comunicaciones
  • La asociación de licenciatarios de radio
  • La asociación de licenciatarios de televisión.

Además debía ser asesorado por una Comisión formada por representantes de todos los Ministerios del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Dada la composición autoritaria del COMFER, luego de la vuelta al sistema de gobierno democrático el 10 de diciembre de 1983, el Presidente Raúl Alfonsín ordenó la intervención del COMFER por parte del Poder Ejecutivo Nacional hasta que fuera sancionada una nueva ley de radiodifusión. Sin embargo, puesto que dicha ley no sería promulgada hasta casi 27 años después, el COMFER permanecería dirigido por interventores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional durante todo ese período.

Cuando fue promulgada la Ley de Radiodifusión 22.285, en marzo 24 de 1980, el gobierno dictatorial difundía y sistematizaba el contenido de los programas que debían respetar la moral cristiana, la familia tradicional y la doctrina de la seguridad nacional. Cualquier programa que contrariara esos principios era censurado. Además, a través de presiones del gobierno de facto, los medios buscaron crear consenso acerca de las medidas económicas neoliberales tomadas desde el Ministerio de Economía; además de mostrar al pueblo una imagen del país que no se conjugaba con la realidad mediante propagandas.

La radiodifusión fue administrada desde esa misma óptica neoliberal, ya que el Artículo 45 de esa ley excluía a toda aquella entidad sin fines de lucro; consagrando el ejercicio de la radiodifusión solamente a empresas privadas y al estado, el cual estaba en manos de una dictadura; o luego de la vuelta de la democracia, cuando los medios estatales se encontraban en manos de los gobiernos de turno y con un criterio totalmente partidista, desvirtuando sus condiciones de medios públicos.

Por lo tanto, a la hora de adjudicar licencias, el lucro fue la condición excluyente para ser propietarios de medios y la información fue concebida como mercancía. Así toda entidad sin fines comerciales o de lucro no podía ser titular de una licencia de radiodifusión; quedando claro que la comunicación y la información eran nada más y nada menos que una mercancía.
 

ARTICULO 45 de la Ley 22.285: Las licencias son intransferibles y se adjudicarán a una persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país.

 
Con esa ley se creó un sistema de desinformación masivo, eliminando los conceptos de libertad de expresión y de prensa por los de libertad de mercados. Además con estas medidas quedaron silenciadas la voces de entes no comerciales como cooperativas, organizaciones no gubernamentales, mutuales, comunidades de pueblos originarios, instituciones educativas sin fines de lucro, agrupaciones sociales, sindicatos, entre otras.

Esa ley del proceso tildaba a las cooperativas como enemigos internos de la patria, ya que los mentores de la misma decían que si dichas cooperativas tenían acceso a los medios de comunicación, por cuestiones políticas el Estado corría peligro.

Además en 1981 se puso en vigencia el Plan Nacional de Radiodifusión PLANARA, el cual preveía un proceso de desarrollo de los medios audiovisuales argentinos, el cual concluiría en 1994, aplicando un sistema de privatización que adjudicaría licencias a capitales únicamente con fines de lucro.

Sin embargo la distribución de frecuencias y la cantidad prevista por el PLANARA a lo largo y ancho del país no eran las óptimas para el desarrollo de los medios y para las necesidades nacionales. Entre otros aspectos, sólo se preveía la explotación de servicios de frecuencia modulada (FM) como subsidiarios o complementarios de los de amplitud modulada AM.

Luego de la vuelta de la democracia en diciembre 10 de 1983, el COMFER fue intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional, hasta
que fuera sancionada una nueva ley de radiodifusión democrática. Además a través del decreto 1151/84 se suspendió el PLANARA, así como el llamado a concurso de licitaciones de frecuencias para nuevas emisoras, y privatización de las actuales; dándose así una situación que imposibilitaría a cientos de radiodifusores a obtener licencias de emisoras de radio y televisión, también hasta que una nueva ley fuera sancionada.

Solamente le fue otorgada por el general Bignone (presidente de facto) unas horas antes de las elecciones generales del 30 de octubre de 1983, el Canal 9 a Alejandro Romay. Como Romay no había aceptado la indemnización que el Estado debía pagarle por la expropiación de su productora en 1974 (presidencia de Perón) y recurrió ante la justicia para recuperar su emisora, finalmente se convirtió en el único canal de Capital Federal en manos privadas durante el período 1983-89.

Pero dada la falta de un plan alternativo por parte del gobierno y contando solamente con una legislación emanada de un gobierno de facto, tecnológicamente desactualizada, y la suspensión de licitación de frecuencias; surgieron al margen de la ley numerosas emisoras de radio de baja potencia, principalmente de Frecuencia Modulada (FM). Además comenzaron a surgir radios comunitarias sin fines de lucro, las cuales por aquellos años empezaron a juntarse en la Asociación de Radios Comunitarias ARCO, que en septiembre 26 de 1998 se convirtió en Foro Argentino de Radios Comunitarias FARCO. A pesar de todo, las radios comunitarias, también autodenominadas "libres" o de "comunicación alternativa", seguían siendo ilegales y según la ley definidas como "clandestinas".

Dichas radios comunitarias o populares surgieron clandestinamente, porque la prohibición de su existencia por parte de la Ley de Radiodifusión 22.285 no contemplaba la aparición de nuevas experiencias comunicativas y por otro lado los medios tradicionales tampoco daban respuestas a las necesidades comunicativas de muchos pueblos y localidades del país. Fue así que hacia 1990, a pesar de que su operación era ilegal, habían mas de 1000 emisoras de radio sin autorización.

Ocasionalmente, si el COMFER identificaba algunas radios clandestinas, les decomisaba los equipos de transmisión; sin embargo la gran mayoría de las FM continuó existiendo.

Es necesario señalar que gran parte de esas radios de baja potencia no surgieron desde una crítica social profunda, ya que en muchos casos se encargaban de difundir las problemáticas barriales transmitiendo la cotidianeidad de su oyentes. También durante el período 1983-89 comenzaron a funcionar algunas radios en AM y canales de televisión abierta de baja potencia clandestinas.

Otro aspecto negativo de la Ley de Radiodifusión 22.285 era su excesiva centralización de las decisiones en manos del COMFER, lo cual obligaba a los empresarios de todo el país a desplazarse hasta Capital Federal para realizar todo tipo de trámite vinculado a sus licencias de emisoras de radio o televisión; atentando así contra el carácter federal y descentralizado que debería existir en la radiodifusión argentina.

Todas estas políticas también propiciaron una centralización del contenido televisivo en Argentina, ya que la proporción de emisoras y repetidoras (que simplemente transmitían lo producido por emisoras) era de 20% y 80% respectivamente. Por otro lado, muchas de las emisoras de Argentina, compraban los programas producidos en Buenos Aires, intensificándose aún más la centralización cultural y dejándose de lado la difusión de aspectos locales de distintas regiones del país.

Otro fenómeno que se fue desarrollando paralelamente en Argentina es el de la televisión por cable. Ya desde los años 60, comenzaron a aparecer distribuidoras de señales televisivas por cable coaxil en lugares donde la televisión abierta no llegaba. También en algunas localidades comenzaron a surgir las antenas comunitarias, las cuales recibían las señales de televisión abierta de la región, la amplificaban y la distribuían en sus ciudades a través de cable coaxil.

La televisión por cable durante la década de los años '70, era de naturaleza monocanal (contaban con un sólo canal) y tuvo mayor desarrollo en zonas de poca densidad de población y donde la televisión abierta por aire no llegaba dado que los grandes costos de inversión que se necesitaban para instalar una repetidora o emisoras de transmisión casi no se justificaban, por lo menos económicamente; siendo así el cable, o circuito cerrado de teledifusión paga una alternativa. Se lo denominaba de circuito cerrado dado que el servicio no estaba abierto gratuitamente a todo el público, sino que se necesitaba la instalación del mismo individualmente en los hogares de cada cliente que abonaba por el mismo.

Otra cosa que benefició el desarrollo autónomo de la televisión por cable, bastante al margen del estado, era la escasa intervención del Estado en dicho secto y que apenas a partir del año 1972 el COMFER establecía como requisito la solicitud de una autorización para operar un servicio de cable y un simple acuerdo con el municipio donde se brindaría el servicio.

Ya hacia mediados de los años '80 habían decenas de servicio de cable con producción propia o con transmisión de programas grabados en cintas de formato U-matic.

En esa misma década comienzan a aparecer empresas de cable como una alternativa televisiva en ciertas zonas de ciudades densamente pobladas como Buenos Aires. En 1981, comienza a operar en La Lucila la empresa Cablevisión emitiendo la señal de Canal 5 a unos 1000 suscriptores. Hacia 1983 dicha empresa se expandió a varias partes de Vicente López y San Isidro, para llegar un año más tarde a otros barrios de gran poder adquisitivo como Belgrano y Palermo, alcanzando a varios miles de suscriptores. Por otro lado, otra empresa, VCC (Video Cable Comunicación) en diciembre de 1982 comenzó a emitir sus propios canales; 3 (de noticias), 4 (de variedades) y 5 (de cine) en Martínez y Acassuso; llegando más tarde a San Isidro y ya para 1985 a Belgrano.

Sin embargo la vieja ley 22.285 de radiodifusión, consideraba tanto a las radios FM como a los canales por cable como medios subsidiarios de los principales medios radiofónicos AM y de televisión abierta, lo cual habla de una ley anticuada que no preveía el desarrollo de estas nuevas tecnologías y mucho menos la aparición de las actualmentes de formato digital.

Pero lo que daría el verdadero puntapié a la expansión de la televisión por cable sería el decreto 1613/86 del año 1986 que permitiría a las empresas de cable recibir las señales satelitales y redistribuirlas por cable en sus localidades. De esa manera aumentó el número de ofertas de canales de dichas empresas a través de dos caminos: la primera sería la bajada de señales satelitales extranjeras y la segunda la producción interna de contenido en las mayores ciudades, principalmente en Buenos Aires, que sería enviado por señales satelitales a distintas localidades para poder ser bajada y distribuida por empresas de distintas localidades, consolidándose así aún más la unificación del mercado interno y el modelo centralizador, en el que la mayor parte de los contenidos audiovisuales eran producidos en Buenos Aires.

La búsqueda de rentabilidad por parte de los empresarios locales y las escasas limitaciones legales que permitían la excesiva explotación en manos privadas del mercado de TV por cable, ya que era de adjudicación directa; forjaron una situación en la que la mayor parte del contenido tenía origen en Buenos Aires o el exterior, sin dar lugar a que temáticas y problemáticas regionales tengan acceso a ser difundidas por los medios; perdiéndose además la oportunidad de dar a conocer elementos de la identidad cultural de dichas zonas, las cuales por el contrario fueron absorbiendo a lo largo del tiempo todo lo que se les enviaba desde los grandes centros urbanos, principalmente de Capital Federal, dejando de lado sus necesidades y aspectos culturales locales o sacando del mercado a voces de diversas zonas del país con menor densidad de población.

Ya desde la vuelta del orden político constitucional en 1983 se hicieron muchas propuestas para suplantar la Ley de Radiodifusión 22.285 instaurada por la dictadura militar la cual adecuó a los medios de radiales y televisivos a los fundamentos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. De todas ellas ingresó al Congreso de la Nación en 1987 la que había sido proyectada por el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE), una instancia multipartidaria convocada por el Presidente de la Nación Raúl Alfonsín y que tenía como objetivo la preparación de un proyecto de ley de radiodifusión concordante con el proceso democrático que se había instalado. Aunque esa iniciativa del Poder Ejecutivo no llegó a sesión plenaria de la Cámara de Diputados y deberían pasar más de dos décadas hasta la derogación de la Ley 22.285, el proyecto del COCODE se considera fundamental en la planificación de varios aspectos de la actual Ley de Medios Audiovisuales.

Desde hacía tiempo determinadas empresas de medios gráficos querían ingresar al "negocio" de los medios de comunicación; pero había un impedimento legal, ya que la vieja Ley de Radiodifusión, hasta 1989, en el inciso e de su Artículo 45 indicaba que las empresas periodísticas no podían obtener licencias de radios o televisión, por lo que desde hacía mucho venían "presionando" al gobierno para que modificara dicho inciso, dando paso de esa manera a diarios al mundo de los medios de comunicación audiovisual.

Si bien por ley no se permitía que empresas periodísticas sean licenciatarias de radios o televisoras, como en muchas otras ocasiones de nuestra historia, determinados empresarios lograron "sortear" dicho impedimento. Del interior son un puñado de dueños de diarios que lograron en gobiernos previos, obtener las licencias de radios locales, dejando de lado lo indicado por entonces en la vieja Ley de Radiodifusión. Por ejemplo, la familia Massot, dueña del diario La Nueva Provincia, en Bahía Blanca, (defensora de políticas de la dictadura militar) obtuvo las licencias de las radios AM y FM de LU2 Bahía Blanca, como también del canal de televisión de dicha ciudad y se preparaban para incursionar en la TV por cable, mediante la empresa Cable Total desde 1986. De esa manera dominaban la información local.

Por esos días el Diario Clarín, también quería ingresar al productivo mercado de los medios de comunicación audiovisual. Dicho matutino ya poseía varios negocios paralelos, pero siempre vinculados a sus intereses. Papel Prensa (en sociedad con los diarios La Nación y La Razón), acciones en la agencia Diarios y Noticias (DyN), participación comercial en un banco y en la empresa de medicina prepaga Medicus (la cual brindaba sus servicios a todo el personal efectivo de Clarín); también su dueña, Ernestina Herrera de Noble, y sus directores tenían inversiones en negocios del rubro inmobiliario y agropecuario, no vinculadas directamente con el diario pero que le servían de pantalla para desviar ganancias personales que salían de Clarín y filtrándose, iban a parar a otros destinos.

La señora Ernestina de Noble quería obtener la licencia de Radio Mitre, pero la ley se lo impedía. En Buenos Aires, dicha radio era una de las más prestigiosas. La dictadura se la había dado a la Sociedad Anónima Radiocultura integrada por el productor de televisión y radio Julio Moyano, su colega Pablo Gowland, el empresario publicitario y negocios ganaderos Augusto D'Apice junto con inversores menores como Alberto Cordero, Carlos Fioroni, Horacio de la Canal y Joaquín Oteiza.

Para hacerse con Radio Mitre, Magnetto utilizó un plan de dos brazos. Por un lado presionaría al gobierno de Alfonsín desde las páginas del diario y desde la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (ADEBA); para que se modificara el artículo 45 que -oficialmente- mantenía la prohibición de obtener radios y televisoras a los diarios. Por otro lado mandaría a su gente de mayor confianza para que iniciaran tratativas con el grupo de Julio Moyano que lo persuadiría de dejar entrar a Clarín como socio inversor e incluso como comprador de toda la radio.

Por esos tiempos para el gobierno de Alfonsín habían otras prioridades: mantener la quietud democrática e impedir el derrumbe económico del país. La entrega de radios y televisoras a intereses privados no estaba en los planes del Presidente. A Ernestina de Noble, además de Radio Mitre, le interesaba Canal 13, ya que sus operadores se lo habían marcado como el más desarrollado tecnológicamente. El plan de ingreso a los medios de comunicación estaba instalado; faltaba modificar la ley. Al Presidente no le convenía que los medios desprestigien su política económica, era su lugar débil donde golpearía Clarín. Fue en febrero de 1987, que el matutino publicó una noticia sobre un 12,5% de desocupación en la Argentina. Lo que provocó el enojo de Alfonsín que declararía públicamente: "Este diario es un enemigo acérrimo del gobierno y lo que ha publicado es una información falaz. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica; soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo en los diarios de hoy. Les pido que lean Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y El Clarín respeta al Presidente sin duda. Y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos también que es este tipo de artículo el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos". Enojada, la dueña del diario hizo publicar lo siguiente un día despues: "Clarín no hace política de comité ni le preocupan los efímeros avatares de la política de partidos. larín hace, en la medida de sus posibilidades, una política nacional, al servicio del argentino de carne y hueso y no de las abstracciones de las ideologías". Pero lo que no se esperaba el Presidente era el peso que tenía Clarín en el empresariado informativo y en gran parte del sector político; ya que obtuvo la solidaridad de unos pocos diputados de la UCR, mientras que a Clarín le llegaban cartas de apoyo de gran parte de la prensa e incluso de ex partidarios alfonsinistas. Desde entonces, Alfonsín harto de tanta presión se prometió dejar tranquilo al polémico diario, pero lo haría sufrir hasta el final con la modificación del artículo 45; la cual permanecería sin tocarse hasta la llegada de su sucesor presidencial.

Clarín se victimizaría por los dichos del primer mandatario, y pedía que se privatizaran los canales. Decía que todo el sistema de medios oficialistas había sido usado para presionar a la prensa independiente.

Paralelamente, Clarín ya había comprado Radio Mitre, mediante testaferros, esquivando el bloqueo legal del artículo 45. El plan para quedarse con la radio, incluía maniobras financieras, ya que el banco vinculado a Clarín le otorgaba grandes préstamos a Radiocultura S.A. (operadora de Radio Mitre). Endeudada la radio, se llegó a un trato que permitió el ingreso de testaferros delegados de Clarín -en nombre del banco- al directorio de Mitre. Meses después a través de un pacto se logró la llegada de otros delegados del diario: un contador que se encargaría de la parte administrativa de la radio y el periodista del matutino, Abel Maloney; quien se convertiría en el gerente general y director de programación de la Mitre; y quien también efectuaría la sucia tarea de seleccionar qué trabajadores quedarían y quiénes se irían.

Por aquellos tiempos, Magnetto se pondría en contacto con el Radical Leopoldo Moreau, quien era presidente de la Comisión de Comunicaciones, para plantearle la derogación del artículo 45 o más precisamente de su inciso e, que imposibilitaba el ingreso de empresas periodísticas al manejo de medios radiales y televisivos. Clarín ya había comprado subrepticiamente Radio Mitre en 1987, pero quería ir por más. Moreau se lo comentó a Alfonsín y la decisión que tomaron era no derogar dicho artículo, ya que daría lugar a la creación de grupos mediáticos oligopólicos. En lugar de eso, el gobierno presenta en el Congreso el proyecto de una nueva ley de medios diseñada, como ya se mencionó, por el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Como el radicalismo ya sabía que su popularidad no era la mejor y que muy probablemente ganaría en las próximas elecciones presidenciales de 1989 el candidato peronista, para bloquear todo intento de derogación del artículo 45 y lograr la plena promulgación de una nueva ley, se hizo un trato con Cafiero, que era candidato en las internas del Peronismo para Presidente; si ganaba iba a seguir con el proyecto. Incluso Magnetto habló con Cafiero para pedirle que si ganaba derogara dicho artículo -molesto para sus intereses-; el candidato ya había llegado a un trato con el gobierno. Sin embargo, perdió las internas, cuyo triunfo fue para Menem, quien prometió derogar el impedimento ya mencionado; y un año después ganaría las elecciones presidenciales. Por su parte Clarín, como la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes decía que el proyecto de ley tenía un "espíritu estatista y regulador", que su letra estaba "altamente ideologizada" y que el gobierno tenía "pretensión totalitaria". De esa manera, la presión de Clarín logró que el proyecto no fuera aprobado.

Desde entonces se iniciaría un conflicto entre Clarín y el gobierno. El "cuarto poder" a veces ha tenido la suficiente influencia para, por lo menos, dificultarle el trabajo a los gobiernos que no jugaban a favor de sus intereses. Tal llegó a ser el caso de Clarín, que publicaba hasta los últimos momentos del gobierno de Alfonsín, artículos que desmejoraban la imagen de su gobierno. Sumándole otros problemas como la derrota de la UCR en las elecciones presidenciales, militares revoltosos, empresarios poderosos, Iglesia y Sociedad Rural, como también a sindicato unidos detrás de una Coalición victoriosa; la transmisión precipitada del poder al presidente electo llegó a ser la opción más saludable. Por otro lado, los empresarios pedían la liberación del tipo de cambio, diciendo que garantizarían su estabilidad; pero al día siguiente el dólar se disparó a más del doble. Después de la derrota electoral de la UCR, Alfonsín les planteo a los grandes empresarios: "Déjenme llegar a diciembre" y Magnetto, presidente de Clarín le contestó "Ustedes ya son un obstáculo".

Luego, el 18 de agosto de 1989 se promulgó la Ley de Reforma del Estado 23.696, instrumento clave para instalar el modelo económico neoliberal promovido por el Fondo Monetario Internacional, y que como primera medida efectuó la venta de casi todas las empresas del Estado (decisión política sustentada en el déficit fiscal que provocaban las mismas según el gobierno de entonces), entre las cuales se encontraban los medios de comunicación administrados por el Estado, excepto: LS 82 Canal 7 - ATC, LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, Radio Difusión Argentina al Exterior (RAE) y las emisoras que integran el servicio de radiodifusión. Así fue que se vendieron entre otras emisoras Canal 11, Canal 13, Radio Belgrano y Radio Excelsior.

Pero en lugar de formular una nueva ley de medios, lo único que hizo el gobierno de aquel entonces es modificar algunos aspectos de la vieja Ley de Radiodifusión creada por la dictadura en 1980. Fue así que mediante la Ley de Reforma del Estado 23.696 en su artículo 65, derogó algunos incisos de los artículos 43, 45 y 46 de la Ley 22.285 de Radiodifusión; abriendo el paso así a la concentración y formación de grandes grupos mediáticos oligopólicos, dado que el gobierno democrático de aquel entonces -así como los siguientes-, los necesitaba como aliados, permitiendo de tal manera a grandes poderes económicos que llegaran a formar multimedios oligopólicos a nivel nacional.

Así el Artículo 65 del la Ley de 23.696/89 de Reforma del Estado decía:

Artículo 65: RADIODIFUSION. Modificase la ley 22.285 de la siguiente forma:

a) Derogase el inciso c) del articulo 43.

b) Sustituyese el inciso e) del articulo 45 por el siguiente:

"No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras".

c) Deroganse los incisos a) y c) del articulo 46.

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva Ley de Radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley de emergencia

 
Analicemos dichas modificaciones punto por punto:

Inciso a)

En el artículo 43 de la Ley de Radiodifusión se indicaba que una persona o empresa puede acumular un máximo de cuatro licencias de radio, televisión abierta y servicios complementarios (por ejemplo canal de cable). Además en su inciso c) decía que solamente se podían tener hasta tres licencias de un mismo tipo de medio en distintas zonas; por ejemplo hasta tres canales de televisión o hasta tres emisoras de radio.

c) En distintas áreas primarias de servicio hasta Tres (3) licencias de radiodifusión sonora o de televisión, en las regiones que establezca la reglamentación de esta ley y en las localizaciones que determine el Plan Nacional de Radiodifusión.

 
A partir de entonces quedaba derogado dicho inciso permitiendo que las cuatro licencia fueran de un mismo tipo, por ejemplo todas de radio o todas de televisión.

 
Inciso b)

El artículo 45 de la Ley 22.285 en su inciso e) decía:

Tanto la persona física como los socios de las sociedades, deberán reunir al momento de su presentación al concurso público y mantener durante la vigencia de la licencia, los siguientes requisitos y condiciones:

e) No ser propietario ni socio de diferentes sociedades de radiodifusión. No tener vinculación jurídica o económica con empresas periodísticas extranjeras. Tampoco con empresas periodísticas nacionales.

 
O sea que hasta aquel entonces se impedía a empresas periodísticas editoriales, tanto extranjeras como nacionales, (por ejemplo diarios o revistas) ser propietarias de canales de TV y radios. Pero mediante esta modificación el inciso e) del artículo 45 quedaba así:

e) No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras.


Permitiendo así a empresas periodísitcas editoriales nacionales, como diarios o revistas, a ser propietarias de canales de TV y radios.

Inciso c)

El artículo 46 de la Ley 22.285 en sus incisos a) y c) decía:

Condiciones y requisitos societarios.

a) El objeto social será, exclusivamente la prestación y explotación de servicios de radiodifusión de acuerdo con las previsiones de esta ley.

c) Los socios serán personas físicas y no excederán el número de veinte.

 
El inciso a) de la Ley 22.285 indicaba que el objetivo exclusivo de un licenciatario debía ser la radiodifusión, por lo que al derogarse dicho inciso se permitía que un licenciatario tenga otras actividades, así pudieron acceder al mercado de medios audiovisuales empresas que paralelamente efectuaban otras actividades no vinculadas a la industria en cuestión.

El inciso c) indicaba que las sociedades radiodifusoras no podían estar integradas por más de 20 individuos, pero al ser derogado se permitía que grandes corporaciones o grupos compuestos por muchas empresas se conviertan en dueños de medios de comunicación audiovisuales, dando así lugar a la formación de grandes multimedios que por presión se convertirían en monopólicos, pasando así los medios de estar controlados por el estado a las empresas, naciendo una dictadura empresarial.

Además se hizo tímidamente el único intento de legalización de las emisoras FM clandestinas hasta la instauración de la actual Ley de Medios, en el final del artículo 65; en donde se indicaba que el Poder Ejecutivo Nacional, debería ser el órgano que otorgaría Permisos Precarios Provisorios a dichas emisoras hasta el dictado de una nueva Ley de Radiodifusión. Ante la decisión del Ejecutivo de llamar a concurso de licitaciones "precarias" bajo las condiciones limitantes de la vieja Ley 22.285, cientos de radiodifusores de FM por temor a recibir sanciones legales severas decidieron inscribirse en el COMFER, sin embargo el número de frecuencias a licitar era muy inferior al de las emisoras clandestinas existentes ya que preveía otorgar algo más de mil licencias (muchas menos de las que habían); dejando así a varios cientos de emisoras FM no inscriptas; por lo que muchas otras decidieron no formalizarse por miedo a quedar afuera.

Además el proceso fue realizado con dificultades, y el gobierno no acató bien la norma. Por otro lado no contemplaba a quienes intentaban funcionar con esquemas de propiedad sin fines de lucro, los cuales aún quedaban fuera del marco legal de la vieja Ley de Radiodifusión 22.285, que aún seguía vigente; ya que no se había modificado la parte del Artículo 45 que no permitía la participación de entidades sin fines de lucro; lo cual mostraba las caracterísitcas del modelo eminentemente privatista que se pretendía aplicar a nivel general y nacional en todos los rubros, incluyendo a los medios de difusión audiovisual.

En consonancia con las políticas neoliberales de aquellos tiempos, mediante el decreto de Desregulación Económica 2284/91, que dejaba sin efecto las restricciones a la oferta de productos y servicios extranjeros, suprimiéndose todos los impedimentos, los cupos y otras limitaciones a las importaciones -alegando una apertura económica en vista de la nueva tendencia globalizadora-; así como la resolución 1226/93 que consideraba que las producciones y emisiones de publicidades a través de canales de televisión formaban parte de ese conjunto de "bienes" que debían ser desafectados de todo tipo de limitaciones; por lo que quedaba sin efecto la última oración del Artículo 23 de la Ley 22.285 que indicaba:

Todos los anuncios publicitarios serán de producción nacional.

 
Paralelamente se alegaba que dicha oración iba en contra del Artículo 20 de la Constitución Nacional que decía:

Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos.

 
Permitiendo así a los publicitarios extranjeros producir en el exterior sin necesidad de contratar locutores nacionales. Sin embargo no se aplicó bien lo mencionado en el Artículo 20 de la Constitución Nacional, ya que la misma se refiere a dichos goces y derechos dentro del territorio argentino; y al quedar sin efecto la protección de anuncios publicitarios nacionales, se permitía la producción de anuncios hechos completamente en el exterior por empresas extranjeras.

Otra modificación que formaría en gran parte el estilo de la televisión de nuestros días sería aquella instaurada en 1998 mediante el decreto 1062/98, que modificaba lo concerniente al uso del idioma y los juegos de azar, entre otras cosas, en programas televisivos. En dicho decreto se alegaba que "la globalización en las relaciones internacionales y la progresiva apertura de los países al mundo, hacen necesario reconocer la importancia de un intercambio cultural fluido con otras comunidades, respetando sus lenguas de origen, aunque priorizando la difusión del idioma castellano"."Que diversas limitaciones en los contenidos de la programación impuestos durante el período de facto, resultan hoy día notoriamente restrictivos y contrarios a nuestra Constitución Nacional, y deben ser eliminados a fin de convalidar una política de amplia, libre y plena difusión e intercambio de las ideas". Sin embargo en esa política amplia y de plena difusión e intercambio de ideas, nada se decía acerca de las miles de voces -sin intereses de lucro- que no tenía acceso a los medios. Por el contrario hablaba de cómo "la comunidad ha aceptado en forma espontánea, las emisiones de juegos y concursos, la difusión de mediciones de audiencia y los sistemas de venta de productos por los medios electrónicos, los cuales responden a pautas culturales aprobadas por nuestra población".

Ese decreto del año 1998 es una muestra más de cómo en aquellos tiempos tenían prioridad las necesidades de los grandes empresarios por sobre las del pueblo en general.

Por lo tanto a través de dicho decreto 1062/98, se sustituía el Artículo 15 de la Ley de Radiodifusión 22.285 que decía:

Las emisiones de radiodifusión se difundirán en idioma castellano. Las que se difundan en otras lenguas deberán ser traducidas simultánea o consecutivamente con excepción de las siguientes expresiones;

a) Las letras de las composiciones musicales;

b) Los programas destinados a la enseñanza de lenguas extranjeras;

c) Los programas de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE);

d) Los programas de colectividades extranjeras y aquellos en los que se usen lenguas aborígenes, previa autorización del Comité Federal de Radiodifusión.

Las películas o series habladas en lenguas extranjeras que se difundan por televisión, serán dobladas al castellano, preferentemente por profesionales argentinos.

 
Por el siguiente texto:

Los titulares de servicios de radiodifusión podrán emitir programación en lenguas extranjeras previa autorización del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER), sin perjuicio de lo cual, deberán orientar su programación a la difusión del idioma castellano, intentando promover las lenguas aborígenes de nuestro país. Para el doblaje de las películas o series habladas en lenguas extranjeras que para su difusión por televisión deban ser dobladas al idioma castellano, deberá darse prioridad a los profesionales argentinos".

 
Por lo que se permitía el la transmisión en idiomas extranjeros, aunque se "sugería" la difusión del idioma castellano y el "intento" de promover lenguas aborígenes.

Otro artículo de la Ley de Radiodifusión 22.285 sustituido fue el Artículo 24 que decía:

Está prohibida cualquier expresión que promueva o estimule la participación en juegos de azar o en otras competencias que tengan como finalidad la realización de apuestas. Prohíbese igualmente la transmisión del monto de los premios a acordarse o acordados a los beneficiarios en tales juegos o competencias. Exceptúase de la prohibición que antecede la transmisión de:

a) El acto de los sorteos extraordinarios de loterías nacionales o provinciales correspondientes a Navidad, Año Nuevo y Reyes, o los que en su reemplazo se instituyan;

b) Las principales competencias hípicas, previa autorización del Comité Federal de Radiodifusión;

c) Los resultados de los sorteos de lotería de los concursos de pronósticos deportivos y de las tómbolas de orden nacional o provincial exclusivamente;

d) Los programas, antecedentes y resultados de carreras de caballos de sangre pura, siempre que no se incluya información acerca de los montos apostados o de los premios pagados.

Se prohíbe la asignación de premios o recompensas por juegos de azar como parte integrante de la programación, así como todo tipo de competencia que no cumpla finalidades culturales o deportivas.

 
En el mismo se prohibía la transmisión de juegos de azar y apuestas, salvo que se tratase de sorteos de las loterías nacionales y provinciales así como de carreras de caballos
.
 
Pero fue sustituido por el siguiente texto:

ARTICULO 24. -Cualquier expresión que promueva o estimule la participación en juegos de azar o en otras competencias que tengan como finalidad la realización de apuestas deberá contar con la previa autorización de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO conforme las normas en vigor.".

 
En el que ya se permiten los juegos de azar de todo tipo y concursos dentro de programas televisivos; dando así forma a uno de los aspectos más característicos de la actual televisión. Los concursos con premios obtenidos a través del azar como los que se suelen ver en todo tipo de programas de la tarde y del Prime Time (horario principal entre las 20:00 horas y la medianoche), como por ejemplo los de Gerardo Sofovich, Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Jorge Rial, así como los concursos en reality shows a partir del comienzo del nuevo siglo, y la nueva modalidad de programas de medianoche de concursos telefónicos; incluso se efectúan concursos durante la entrega de premios como los Martín Fierro.

De esa forma la mayoría de los programas de entretenimiento de la TV argentina se llenaron de juegos telefónicos que no paran de promocionarse por sus conductores durante el transcurso de cada emisión. También empezaron a promocionarse casinos y bingos por los propios animadores de programas. Así, además de generarse millones de pesos por publicidades, dichos programas también ganan millones por estos juegos; los cuales en muchos casos son administrados por productoras que se dedican exclusivamente a esos concursos. Tanto impulso tuvieron los juegos de azar televisivos, que incluso la presentadora de televisión, Susana Giménez creó su propio bingo, llamado "Mi Bingo", cuyos sorteos usualmente se hacen por la pantalla del canal televisivo TELEFE, tanto durante la transmisión del programa de Susana Giménez, así como en cortas transmisiones excepcionales durante la tanda en temporada de verano cuando el mismo no se televisa.

Asimismo el decreto 1062/98 derogó el Artículo 25 de la Ley de Radiodifusión 22.285 que decía:

No podrán emitirse resultados de mediciones de audiencia, ni deberá hacerse uso del servicio telefónico para la promoción y difusión de programas, como parte integrante de las emisiones.

Esta derogación va a acompañada de la anterior, ya que legalizaba el uso del teléfono como parte integrante de los programas televisivos. Por otro lado con esta derogación quedaba permitida la emisión de los resultados de teleaudiencia o rating, una técnica de promoción oculta que da a conocer cuáles son los programas más vistos, lo cual aumenta el valor del segundo de tanda publicitaria; porque a mayor rating mayor precio del segundo; y cuantas más personas sepan cuáles son los programas más vistos, más querrán anunciar en ellos. Hoy es muy normal que se emitan los resultados de mediciones de audiencia, principalmente en espacios radiales o televisivos de noticias del espectáculo nacional.


Por último,
el decreto 1062/98 modificaba el inciso f) del Artículo 46 y el Artículo 48 de la Ley de Radiodifusión 22.285:

Inciso f) del Artículo 46: No podrán transferirse o cederse partes, cuotas o acciones sin autorización del Comité Federal de Radiodifusión o del Poder Ejecutivo Nacional, según lo sea a otros socios o a terceros que reúnan las condiciones y los requisitos previstos por el artículo anterior. En ambos casos, la autorización sólo procederá cuando medien causas suficientes para otorgarla, a juicio de la autoridad competente, y siempre que hubiesen transcurrido cinco años contados desde la iniciación de las emisiones regulares. La transgresión a lo establecido en este apartado será considerada falta grave.

 
Siendo sustituido por el siguiente texto:

No podrán transferirse o cederse partes, cuotas o acciones sin la autorización del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER) o del PODER EJECUTIVO NACIONAL, según lo sea a otros socios o a terceros que reúnan las condiciones y los requisitos previstos por el artículo anterior. La omisión en la obtención de la aprobación de la autoridad competente, en transgresión a lo establecido en este inciso, será considerada falta grave."


Y el artículo 48:

ARTICULO 48: La designación de directores, gerentes, síndicos, directores administrativos y apoderados, excepto los judiciales, deberá ser aprobada por el Comité Federal de Radiodifusión.

 
Fue sustituido por el siguiente:

ARTICULO 48: La designación de directores, gerentes, síndicos, directores administrativos y apoderados, excepto los judiciales, deberá ser comunicada al COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER) dentro de los TREINTA (30) días de producida bajo pena de multa a determinar por dicha autoridad."


Con esas dos modificaciones ya se permitía la transferencia o venta de emisoras de radio o televisión sin ningún tipo de limitación y con un simple permiso del COMFER. Por lo tanto, los grandes grupos económicos fueron haciéndose de múltiples medios audiovisuales formando inmensos multimedios.

Después en 1999 con el decreto 1005/99 las políticas neoliberales se fueron potenciando con modificaciones en varios artículos de la Ley 22.285 de Radiodifusión.

El Artículo 23 acerca de los anuncios publicitarios, a cual ya se le había quitado en 1993 la parte que indicaba que
"todos los anuncios publicitarios serán de producción nacional", ahora sería sustituido. De tener el siguiente texto:

ARTICULO 23: Los anuncios publicitarios observarán las normas propias de la lealtad comercial y deberán ceñirse a los criterios éticos y estéticos establecidos por esta ley y su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y la moral cristiana. Todo anuncio debe expresarse en castellano, sin alterar el significado de los vocablos ni distorsionar la entonación fonológica de los enunciados. Las voces extranjeras que no sean marcas o denominaciones de uso universal deberán ser traducidas.

 
Pasó a indicar:

ARTICULO 23: Los anuncios publicitarios deberán ceñirse a los criterios establecidos por esta ley y su reglamentación, fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la familia y la moral cristiana.

 
De esa manera la parte que indicaba que "todo anuncio debe expresarse en castellano, sin alterar el significado de los vocablos ni distorsionar la entonación fonológica de los enunciados. Las voces extranjeras que no sean marcas o denominaciones de uso universal deberán ser traducidas" quedaba eliminda; permitiendo así que además de publicidades producidas en el exterior, puedan ser desarrolladas en otros idiomas.

Quizá una de las modificaciones más importantes que se dieron con el decreto 1005 del año 1999 fue el que se indicaba en su artículo 5, el cual sustituía lo que quedaba del artículo 43 de la Ley 22.285 (como ya se mencionó, en 1989 había sido derogado su antiguo inciso c) ) :

ARTICULO 43: El Poder Ejecutivo nacional o el Comité Federal de Radiodifusión, según corresponda, podrá otorgar hasta Cuatro (4) licencias para explotar servicios de radiodifusión a una misma persona física o jurídica, bajo las siguientes condiciones:

a) La persona física o jurídica beneficiaria para ser titular de más de Una (1) licencia de radiodifusión, deberá instalar además y como mínimo Una (1) estación de radiodifusión en zona de fomento que determine el Comité Federal de Radiodifusión.

Dicha estación deberá iniciar sus emisiones regulares bajo el plazo y las mismas condiciones que determine el correspondiente pliego de condiciones que rija el llamado a concurso para la adjudicación de nuevas licencias;

b) En una misma localización hasta una (1) de radiodifusión sonora, Una (1) de televisión y Una (1) de servicios complementarios, siempre que las dos primeras no sean las únicas prestadas por particulares existentes o previstas de cada tipo en esa área;

El llamado a concurso para la explotación de estaciones de elevada rentabilidad, ubicadas en áreas primarias de servicio de gran densidad de población, podrá incluir estaciones localizadas en zonas de frontera o de fomento.

 
Siendo sustituido por el siguiente:

Quizá una de las modificaciones más importantes que se dieron con el decreto 1005 del año 1999 fue el que se indicaba en su artículo 5, el cual sustituía lo que quedaba del artículo 43 de la Ley 22.285 (como ya se mencionó, en 1989 había sido derogado su antiguo inciso c) ) :

ARTICULO 43: El PODER EJECUTIVO NACIONAL o el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, según corresponda, podrán otorgar hasta VEINTICUATRO (24) licencias para explotar servicios de radiodifusión a una misma persona física o jurídica, bajo las siguientes condiciones:

a) En distintas localizaciones, hasta VEINTICUATRO (24) licencias de radiodifusión sonora o de televisión. En el supuesto de tratarse de un mismo tipo de servicio, no podrán superponerse en sus respectivas áreas primarias.

b) En una misma localización hasta UNA (1) de radiodifusión sonora, UNA (1) de televisión y UNA (1) de servicios complementarios de radiodifusión, siempre que las dos primeras no sean las únicas prestadas por la actividad privada.

 
A
ntes una persona o empresa podía tener hasta cuatro licencias de radio y/o televisión, además si tenía más de una licencia debía instalar una emisora en alguna zona de fomento de menor densidad de población indicada por el COMFER. A partir de esta modificación se le podían otorgar a una persona o empresa hasta 24 licencias de radio, televisión, dando así lugar a la formación de esquemas de numerosos medios y emisoras en manos de unos pocos. Asimismo ya no era necesario para aquellos con más de una licencia, instalar una emisora en alguna zona de fomento de baja densidad demográfica. Por otro lado no habían límites en la cantidad de emisoras de cable que podían tener.

Lo único que se mantenía igual era la cantidad de emisoras que se podían tener en una misma localidad; con un máximo de una emisora de radio, un canal de televisión y un servicio complementario de radiodifusión (por ejemplo un servicio de cable para una determinada localidad).

Otro artículo de la vieja Ley de Radiodifusión 22.285 con partes de su texto sustituidas fue el 45:

Artículo 45: Las licencias son intransferibles y se adjudicarán a una persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país.

Cuando se trate de una sociedad en formación, la adjudicación se condicionará a su constitución regular. Tanto la persona física como los socios de las sociedades, deberán reunir al momento de su presentación al concurso público y mantener durante la vigencia de la licencia, los siguientes requisitos y condiciones:

a) Ser argentino nativo o naturalizado, en ambos casos con más de Diez (10) años de residencia en el país y mayor de edad;

b) Tener calidad moral e idoneidad cultural, acreditadas ambas por una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada;

c) Tener capacidad patrimonial acorde con la inversión a efectuar y poder demostrar el origen de los fondos;

d) No estar incapacitado o inhabilitado, civil ni penalmente para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito doloso, ni ser deudor moroso de obligaciones fiscales o previsionales;

e) No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras.

f) No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público, ni militar o personal de seguridad en actividad.

 
Quedando así:

ARTICULO 45: Las licencias se adjudicarán a una persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país. Cuando se trate de una sociedad comercial en formación, la adjudicación se condicionará a su constitución regular. Tanto la persona física, cuanto los integrantes de la sociedad comercial, deberán reunir al momento de su presentación al concurso público y mantener durante la vigencia de la licencia, los siguientes requisitos y condiciones:

a) Ser argentino nativo o naturalizado y mayor de edad;

b) Tener calidad moral e idoneidad cultural acreditadas ambas por una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada;

c) Tener capacidad patrimonial acorde con la inversión a efectuar y poder demostrar el origen de los fondos;

d) No estar incapacitado o inhabilitado, civil ni penalmente, para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito doloso, ni ser deudor moroso de obligaciones fiscales o previsionales;

e) No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras, salvo que los acuerdos suscriptos por la República Argentina con terceros países contemplen tal posibilidad;

f) No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público, ni militar, o personal de seguridad en actividad.

En el supuesto que la oferente se halle conformada por sociedades, los requisitos y condiciones precedentemente mencionados, excepto el inciso c), deberán ser acreditados por los integrantes de su órgano de administración y el de las últimas nombradas.

Como se puede observar, se eliminaron las partes que no permitían la transferencia de licencias, quedando así libres para su compraventa. Desde entonces tampoco era necesario haber residido en el país por más de diez años y en su inciso e) donde se indicaba que empresas extranjeras de periodismo o radiodifusión no podían ser adjudicatarias de licencias en Argentina, se agregaba un texto que eximía a aquellas originarias de países con los cuales habían acuerdo bilaterales de libre comercio.

Desde entonces, con el decreto 1004 del año 1999, se podían otorgar licencias más fácilmente acorde a pactos entre empresarios y políticos así como amistades. Por otro lado también se podían transferir dichas licencias entre distintos grupos, incluyendo aquellos vinculados a empresas extranjeras. El modelo neoliberal ya estaba bien instalado en los medios de comunicación de la Argentina y la formación de grandes grupos multimediales era posible.

Es necesario aclarar que el uso de la palabra monopolio no es casual, ya que en tanto la concentración implica acumulación de varios medios en pocas manos, y el monopolio u oligopolio informativo se caracteriza por la existencia de una o pocas voces que atentan contra el pluralismo informativo, sin perjuicio de la deformación informativa
que también provoca la concentración.

La naturaleza de un “multimedio”, como prototipo está constituido por la empresa que es propietaria de
un diario, una revista, un canal de televisión, una radio AM con su FM complementaria y –a partir del excesivo y fácil otorgamiento de permisos- un circuito cerrado de televisión por cable o codificado, más la eventual participación en agencias de noticias y proveedores de papel para diarios y revistas.

Así llegamos a la conclusión que en Argentina habíamos pasado de tener una "ley de la dictadura", a tener una "ley de la dictadura con numerosos agregados neoliberales" que le dieron un formato mercadocéntrico propiciando la desregulación del mercado comunicacional y la estructuración de medios de comunicación audiovisuales concentrados y oligopólicos.
 

Privatización de ATC

El caso de Canal 7 ATC (Argentina Televisora Color), durante la década de los años '90 sería una historia de idas y vueltas. Acorde a las políticas neoliberales de aquellos años de deshacerse de toda empresa estatal por supuestos déficit, los canales de televisión que hasta entonces se encontraban en manos del estado también fueron privatizados; pero el caso de Canal 7, a pesar de varios intentos de venderlo sería un poco más complejo.

Ya en la Ley 23.696 de Reforma del Estado del año 1989, detallada anteriormente, se fijaba la prohibición de su privatización. No obstante lo que sí logró el gobierno de aquel entonces fue que a través del decreto 544/92 del año 1992, el canal fuera transformado de una Sociedad del Estado (S.E.) a una Sociedad Anónima (S.A.), dejando de esa manera lista su próxima privatización, cuyos intentos se sucederían durante los próximos años, aunque todos frustrados.

En enero de 1990, el entonces Secretario de Prensa y Difusión, Jorge Rachid y el Secretario General de la Presidencia, Alberto Kohan; intentaron reemplazar al interventor de ATC, Mario Gavilán, por un triunvirato compuesto por Luis Durán, Martín Oyuela y Gerardo Silva; aunque el entonces Presidente de la Nación ratificó el puesto de Gavilán, y enojado por dicha decisión quitó de su cargo a Rachid.

Hacia el 21 de noviembre de 1990, asumió como interventor de ATC, Julio Ricardo López Batista, quien durante la ceremonia de asunción expresó: "ATC será la empresa de TV que representará al Estado argentino".

Pero en vistas de necesitar una imagen más comercial para el canal, el 10 de julio de 1991, a instancias del Presidente de la Nación, asumió la intervención de ATC el productor y conductor Gerardo Sofovich, quien además conducía por la misma pantalla  La noche del domingo, Polémica en el bar y A la manera de Sofovich. Sofovich expresó: "Este es un canal del Estado y no del Gobierno", señalando además que las órdenes que había recibido del Presidente fueron las de crear "un canal competitivo". De hecho los slogans que tomó el canal durante su gestión fueron "Con mentalidad ganadora" y "Ahora también competimos".

A partir de sospechas de que el gobierno pretendía privatizar la señal de ATC, el 16 de agosto de ese mismo año, el Secretario de Medios de Comunicación, Raúl Burzaco, aseguró: "El Gobierno ni sueña con vender ATC". Sin embargo en enero de 1992, el mismo Burzaco anunció que el Gobierno planeaba privatizar ATC antes de fin de año; declarando: "Lo que hacemos ahora es transformar en canal de una sociedad del Estado en una sociedad anónima, limpiándola de su pasivo (deudas) y dejándola lista para ser privatizada", agregando que el Presidente de la Nación quería que los medios de prensa privados fuesen "totalmente independientes del Gobierno".

Así fue que el 3 de abril de 1992 se firmó el decreto 544/92 de reforma del Estado, que autorizaba la constitución de ATC en Sociedad Anónima. Desregularizando además la publicidad oficial con lo que desaparecía el virtual monopolio de la agencia de noticas nacional Télam en aquella área. En cuanto a Télam, se dispuso la intervención de la agencia para una posterior liquidación de la empresa, aunque en 1996 dicho decreto de liquidación quedó sin efecto para ser suplantado por uno nuevo que quitó a Télam una de sus principales fuentes de ingresos, el monopolio de la publicidad oficial.

Para mayo de 1992, el legislador Frepasista, Juan Pablo Cafiero, inició una querella judicial contra el interventor Gerardo Sofovich por supuesta "administración fraudulenta". Sofovich tuvo que presentarse ante la Cámara de Diputados para dar explicaciones acerca de dos hechos: el contrato firmado con la cadena televisiva Televisa (ya que habían muchos rumores acerca de una posible venta del canal a dicha empresa) y los vínculos contractuales, incompatibles con la función pública, que mantenía ATC con las agencias Wainot de su hijo Gustavo Sofovich y Opebar de su esposa Carmen Morales, encargadas de manejar la publicidad del canal. A pesar de los rumores de una posible dimisión, Sofovich declaró: "No sólo no renuncié, sino que aunque lo hiciera, el Presidente no aceptaría mi dimisión"; agregando "Estoy sacrificando 32 años de mi exitosa carrera por mi amistad con el Presidente".

Pero hacia noviembre de 1992, Gerardo Sofovich fue procesado por el juez Ricardo Wechler, por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. También hay que destacar que cuando había recibido el canal no tenía ningún pasivo y durante su gestión ATC acumuló 62 millones de pesos de deuda.

El 8 de diciembre del mismo año, el Presidente aceptó la renuncia de Sofovich, designando en su lugar al vicepresidente de ATC, Enrique Álvarez, quien sería el cuarto interventor del canal en menos de cuatro años.

Nuevamente el 23 de junio de 1995, el Presidente hizo saber su intención de privatizar ATC. Funcionarios de la Secretaría de Medios anunciaron que la elaboración de pliegos se realizaría después del 8 de julio del mismo año, cuando el presidente asumiera su segundo mandato. Pero en noviembre, a través de un comunicado, el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) recordó que los senadores de la Unión Cívica Radical Storani e Yrigoyen en octubre de 1991 resaltaron que: "existía un impedimento legal para privatizar ATC ya que ésta había sido oportunamente exceptuada del programa de privatizaciones por la ley de reforma del Estado 23.696 del año 1989".

Pero el 29 de noviembre, el Jefe de Gabinete, Eduardo Bauzá, pidió al Poder Legislativo la rápida sanción de los instrumentos legales para transferir al Ejecutivo las facultades que permitirían encarar una segunda reforma del Estado que permitiría vender ATC. En diciembre de 1995 Germán Kammerath fue nombrado interventor del canal y declaró: "El estado de ATC es crítico. El canal le cuesta al Estado 100 millones de dólares anuales". Además explicó: "que el Gobierno sensible a las opiniones adversas acerca de ATC, decidió privatizarlo y reestructurar el canal estatal para que luego funcione en la nueva onda del canal 4; con una fuerte promoción de lo cultural y lo popular".

En enero de 1996, un decreto presidencial autorizó la privatización de ATC, pero luego fue demorada por una inhibición judicial. Hacia junio del mismo año, el Presidente declaró que se pretendía ceder una cuarta parte del edificio de ATC al Museo de Bellas Artes. Sin que se hayan establecido plazos ni fechas, el interventor Kammerath y el Secretario de Cultura Mario "Pacho" O' Donnell, ratificaron dicha decisión.

Ese mismo año, un grupo de diputado encabezados por Fernando "Pino" Solanas, presentó un proyecto de rescate del canal, a fin de crear una nueva emisora estatal en la misma onda 7; se trataba de Argentina Televisión Pública (ATP), si bien el proyecto sonaba fuerte, finalmente quedó en la nada; a pesar de eso sirvió para frenar el intento privatizador del Gobierno.

En julio de 1996 llegaría otro nuevo interventor, Horacio Frega, y en noviembre del mismo año, la jueza María Elsa Uzal homologó la deuda de 62 millones de pesos que generó el canal de televisión estatal. La deuda con los acreedores; entre quienes se encuentran, además del Estado, Mauro Viale y Raúl Portal, comenzó a pagarse en marzo de 1997. Sin embargo en agosto 27 de 1997, tuvo que renunciar a su puesto, después de una denuncia del diputado Juan Pablo Baylac por la supuesta venta de ATC a una empresa fantasma radicada en un paraíso fiscal; dejando deudas por 27 millones de dólares. Su puesto fue ocupado por Horacio De Lorenzi.

El 30 de enero de 1998, nuevamente se intentaría vender el canal cuando el Presidente ordenó la privatización de ATC. El proyecto era el mismo de hacía dos años, propuesto por el ex interventor Germán Kammerath, el cual fue frustrado por el accionar de varios diputados y senadores y finalmente una inhibición judicial. Lo que se intentaba mediante ese proyecto era licitar solamente la onda de ATC y ceder el edificio a la Secretaría de Cultura para ampliar el Museo Nacional de Bellas Artes. Los 800 empleados del canal televisivo serían redistribuidos en distintos organismos estatales y en el Canal 4 que se pretendía crear.

Cuando se había terminado la intervención de Horacio Frega, el 27 de agosto de 1997, se pensó en hacer un canal cultural y con una pantalla limpia, sin programas políticos. Pero la decisión de venta del canal fue definida luego de estudio efectuado por una consultora privada, que concluyó que sería mejor privatizar ATC porque los equipos eran obsoletos y provocaban excesivos gastos de mantenimiento al Estado. Sin embargo ese otro intento de privatización por parte del Gobierno se topó nuevamente con la Ley de Reforma del Estado 23.696 del año 1989 que indicaba que no se puede privatizar ATC ni Radio Nacional sin una ley especial aprobada por el Congreso Nacional.

Por aquel entonces la diputada e integrante de la Comisión de Comunicaciones, Irma Parentella del FREPASO, declaró que "lo que el Gobierno intentará hacer es eludir al Congreso diciento que concesionará la onda de ATC". Según Parentella, ATC recibía mensualmente plata del COMFER, y en diciembre de 1997 habría obtenido $ 30 millones para pagar sueldos. Además, ATC recibiría unos $ 200.000 mensuales para producir programas. De esa manera, con la ayuda de la Secretaría de Medios, se pudo solventar el 90% de los 62 millones de pesos de la deuda que tenía ATC con acreedores privados y estatales.

Entre los potenciales compradores se encontraban, el empresario de medios y menemista Raúl Moneta, quien además era dueño del Banco República, uno de los principales acreedores de ATC; Héctor Ricardo García, quien era uno de los primeros en avisar que si había un llamado a licitación del canal estatal se presentaría; Rodolfo Galimberti, ex montonero devenido en empresario; y Julio Ramos, dueño de Ámbito Financiero, gran amigo del Presidente y quien en 1989 había concursado para obtener la licencia de Canal 13. Por otra parte entre los posibles compradores extranjeros se encontraba la cadena televisiva TV Azteca.

La obstinación del Gobierno de sacarse de encima a ATC, era por el gran déficit que causaba -principalmente por malos manejos de parte de interventores y delegados del canal-, para cubrir gastos, cumplir los pagos de la deuda externa y reducir el déficit fiscal a los niveles pactados con el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto incluía, la creación de una nueva emisora estatal, Canal 4, que según el Gobierno debía ser más "funcional y racional"; o sea "bien equipado pero con un presupuesto con las posibilidades del Gobierno". De temática mayormente cultural.

Entre los que se oponían a la privatización del canal estaban: el conductor
Raúl Portal quien habría dicho: "No estoy de acuerdo con la privatización de ATC. La nación merece y necesita un canal que promueva la cultura, el arte y, fundamentalmente, la educación, es decir, la promoción de valores. No importa si esa emisora da déficit, económicamente hablando, porque en realidad es una inversión. Habría que destinar un canal a la educación, para hacerlo útil, aunque no sea rentable"; y el comentarista deportivo Enrique Macaya Márquez quien diría "El Estado debe servir a la gente con un medio que le aporte servicios y aspectos culturales que los canales abiertos no tienen por qué dar. No debería ser un negocio para el Estado, debería ser una obligación. No tiene por qué dar ganancias, pero tampoco tendría que dar déficit. ATCes una emisora del Gobierno, y siempre lo fue".

Ya en marzo de 1998, la idea del Gobierno era levantar el concurso preventivo pagando lo adeudado en los próximos tres meses y encontrar el modo de cancelar la deuda acumulada en los últimos dos años y medio; pero la decisión judicial de la doctora María Elsa Uzal impidió la privatización, basada en la necesidad de proteger la garantía de los acreedores en el concurso judicial. Además el plazo fijado por el decreto 147/98 del proyecto Gubernamental para el traslado de las dependencias administrativas del canal oficial a otro inmueble del Estado vencía a los pocos días del fallo judicial y todavía no había otra opción edilicia adecuada; por lo que tampoco se podía efectuar la mudanza del Museo Nacional de Bellas Artes al edificio de ATC.

Hacia 1998, el eslogan del canal pasó a ser "Bien de familia" y tras tantos intentos de venderlo, el Gobierno no tuvo otra alternativa más que mantener a ATC como televisora estatal.

A fines del año 1999 llegaba a la Presidencia, Fernando De la Rúa. Entre enero 1 y abril 30 del año 2000 el logo del canal desapareció y solamente decía "Argentina Televisora Color". Hasta que el 1 de mayo de 2000, a 20 años del paso de las transmisiones a color para Argentina, la emisora estatal pasó a denominarse "Canal 7 Argentina"; dando el puntapié de la recuperación de un bien público y de la creación del Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. (Sociedad del Estado); ente que operó Canal 7, LRA Radio Nacional y la agencia de noticias nacional Télam.

La idea era plantear una política nacional de comunicación con un concepto moderno y con menos gastos. Finalmente a partir de 2003 comenzó la salvación del canal, el cual a partir de 2006, pasó a llamarse La TV Pública; con su posterior modernización técnica integral, con cámaras y estudios modernos, acordes a las nuevas necesidades de la televisión digital abierta.

No obstante, entre los daños irrecuperables de la década del '90 se incluye un gran vaciamiento de la filmoteca del canal a través del cual numerosos rollos de ciclos valiosos pasaron "mágicamente" a manos privadas, más precisamente a la productora Distribuidora de Televisión, a la que se le debían unos 500.000 dólares. En tiempos del interventor Horacio Frega, la desconocida empresa asumió la explotación de toda la programación de ATC hasta el 31 de diciembre de 1999, mediante una compensación menor a $ 500.000 y porcentajes por las ventas de los derechos en el exterior. En el anexo del contrato, se incluye el inventario de unos 7.000 rollos de varios ciclos televisivos del canal, entre los que se encuentra: 173 rollos de Finción Privada, 72 de Situación Límite, 106 de La otra Tierra, 97 de Hombres de Ley, 988 de Los Especiales de ATC, 81 de De Fulanas y Menganas, 62 de La Bonita Página, 27 de El Mundo de Antonio Gasalla, 86 de Historias con Aplausos, 7 de El País que no miramos, 108 de Argentinísima, 592 de Historias de la Argentina Secreta, 17 de Documento Nacional de Identidad, 52 de La Botica del Ángel y 8 de Hombres en Pugna, entre otros ciclos, así como 1350 rollos de películas nacionales y extranjeras.

También es necesario mencionar que durante el destructivo vaciamiento nacional de la década del '90, se incluyó la destrucción de un bien inapreciable, merced a la ignorancia de los funcionarios públicos de la época; la biblioteca que había sido donada por la conductora Paloma Efrom, conocida como "Blackie". El interventor que sucedió a Sofovich, Enrique Álvarez, tuvo la espléndida idea de mandar dicha biblioteca a un baño en desuso, donde la acción de la humedad habría provocado la pérdida de gran parte de los volúmenes. 

Continúa en Qué es la Ley de Medios (Parte II) >>


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