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Historia de la Ley de Medios


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Ley mordaza en Argentina

Ya en octubre de 2001, en tiempos del gobierno de De La Rúa, a un mes de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos; y tras un incidente durante el aterrizaje del avión presidencial con De La Rúa adentro, por interferencias radiales de emisoras FM con el sistema radial de navegación de la aeronave; los diputados Luis Brandoni, Pablo Fondevila, Damaso Larraburu y Dumon; responsabilizaron a las emisoras FM de baja potencia y sin autorización. Muchos diputados, todavía impresionados con las imágenes de las torres derrumbándose, imágenes que seguían saliendo por televisión a cada instante, apoyaron casi sin saber qué es lo que había ocurrido en serio y aceptando como verdaderos los alegatos de los promotores de esta polémica ley, quienes insistían que si no firmaban su apoyo se iban a caer los aviones en Argentina.

Luego de una investigación se llegó a la conclusión de que las interferencias no provenían de las pequeñas radios FM comunitarias sin autorización, sino que de ondas de Radio del Plata, la Rock & Pop y La Red; las cuales estaban totalmente autorizadas y que a pesar de ya haber sido advertidas de estar utilizando potencias muy superiores a las permitidas, no hicieron caso de las advertencias de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y de la Fuerza Aérea; aumentando la potencia de sus emisiones impunemente puesto que por lo general actuaban sin ningún control.

El proyecto de ley 117/01, popularmente conocido como Ley Mordaza, buscaba imponer sanciones de dos años de cárcel a los radiodifusores de emisoras AM, FM o canales de TV comunitarios de baja potencia, sin autorización (licencias que no fueron otorgadas hasta entonces por los motivos ya explicados en este mismo artículo), y que se calcula eran más de 2000, limitando sus derechos de expresión, por los cuales habían luchado durante tantos años desde la vuelta de la democracia y dejando a unas 50.000 personas que dependían de las mismas sin trabajo.

De esa manera, bajo la presión de los grandes grupos multimediales, se intentaba penar la utilización de las frecuencias de radio y televisión para controlar el mercado sin la competencia de los nuevos radiodifusores con quienes no pueden acordar un frente común y a quienes se les ha negado sistemáticamente, bajo distintas excusas, la adjudicación de licencias que darían mayor voz al pueblo.

El Artículo 1 del proyecto de ley 117/01 o denominada Ley Mordaza indicaba:

ARTÍCULO 1: Incorpórase como artículo 197 bis al Código Penal, el siguiente:

Artículo 197 bis: El que, sin autorización del Comité Federal de Radiodifusión, realizare emisiones de radio o de televisión, permanentes o transitorias, o las repitiere sin permiso del que estuviere debidamente autorizado para emitirlas, será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Si el hecho impidiere, estorbare o entorpeciere de cualquier manera la realización o la repetición debidamente autorizadas de emisiones de radio o de televisión, las penas previstas en el párrafo anterior se elevarán al doble.

 

Sin embargo muchas de estas emisoras eran el único medio de radiodifusión con que contaban numerosas localidades del país, produciendo un gran beneficio a las mismas y habiendo dado prueba de su idoneidad y rol valioso de servicio comunitario para sus habitantes. Servicios que por motivos de escasa rentabilidad, por tratarse de pequeñas poblaciones, los grandes grupos se negaban a prestar, no obstante tampoco querían que otros sirvan, por ver amenazados sus inteeses económicos a largo plazo. Sin lugar a duda eso violaba el Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Por otro lado el Artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica en su punto 3 dice: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones."

Además, con este proyecto de ley presentado por los cuatro legisladores anteriormente mencionados, bajo presión de los grandes grupos operadores de televisión por cable, en su Artículo 2 se instauraban sanciones de hasta dos años de prisión para aquellos que fabricaren, promovieren o publicitaren clandestinamente decodificadores de señales codificadas; así como para aquellos que instalaren ilegalmente conexiones de cable en sus hogares.
 

La Ley Clarín

Tras años de acumulación de medios y de explotación de las políticas neoliberales durante los años '90, Clarín pasó de ser una empresa monomedia -con el diario de mayor venta del país y Latinoamérica-, en los años '80, a ser el mayor grupo de multimedios de Argentina a finales de los '90.

Muchas de esas compras de medios, el Grupo Clarín las pudo hacer a través de préstamos, lo que lo llevaría a endeudarse con bancos extranjeros por aproximadamente 1.700 millones de dólares, hacia fines de 2001.

Así, junto a otros empresarios endeudados y a la presión de la Unión Industrial Argentina, comenzaron a invertir todo su poder de presión para el salvataje, a través del pedido de abandono de la convertibilidad que fijaba al peso junto al dólar en un valor de 1 a 1, así como de la pesificación de la economía. De esa manera sus deudas quedarían licuadas. Esto significa, que si se dejaba flotar el precio del dólar y las deudas se pesificaban, si se debían 1000 millones de dólares/pesos a valor 1 a 1; con el abandono de la convertibilidad y la pesificación de las deudas (o sea que deberían pagar el mismo valor adeudado pero únicamente en pesos y al mismo valor que en tiempos del 1 a 1), los deudores pasarían a pagar únicamente 25% a 50% del valor de la deuda o sea 250-500 millones de dólares.

Supongamos que una empresa debía 1000 millones de dólares (US$) en tiempos de la convertibilidad 1 a 1:

  • Si el peso se dejaba flotar y pasaba a costar $2 por dólar (como en febrero de 2002); y la deuda se pesificaba, la empresa debería pagar 1000 millones de pesos, lo que equivaldría a 500 millones de dólares.

De esa forma, muchas empresas endeudadas, lideradas por la Unión Industrial Argentina comenzaron a presionar en favor del abandono del sistema de convertibilidad y la pesificación de la deuda, pero el Presidente De la Rúa y el Ministro de Economía Domingo Cavallo, no aceptaban. Sin embargo los mayores líderes del Partido Radical y del Peronista querían la renuncia de todo el Gabinete de ministros. Finalmente, el pueblo, fuertemente perjudicado por las brutales políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, las cuales siguieron vigentes en tiempos de De La Rúa; llevaron a la renuncia del Presidente.

Su sucesor, Adolfo Rodríguez Saa, a pesar de notificar públicamente que la cesación del pago de la deuda pública (default) o su postergación; no se había prestado a abandonar la convertibilidad y pesificar la economía, por lo que continuó el clima de inseguridad que provocó finalmente su renuncia el domingo 30 de diciembre de 2001.

Ya en octubre 23 de 2001, el empresario Francisco Macri había dado a conocer públicamente la propuesta de los grandes empresarios en una entrevista por Radio Mitre, la cual se fijaría a partir de enero de 2002 como eje principal del programa económico del gobierno de Eduardo Duhalde. El 24 de octubre de 2001, Clarín titularía las palabras del empresario: "El gobierno debe estatizar la deuda de las empresas". Al día siguiente, Osvaldo Cornide de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, agregó: "Lo que hay que hacer es cambiar drásticamente la política económica y dentro de ese cambio, refinanciar los pasivos de las Pymes a tasas preferenciales".

Entonces una coalición política interpartidaria, del Partido Radical, que se había opuesto al llamado a elecciones dentro del plazo de 90 días anunciado al designarse al Presidente Rodríguez Saa; el Partido Justicialista y el Frepaso, promovieron tras la dimisión de Rodríguez Saa, la conformación de una nueva alianza parlamentaria que apoyaría al Presidente Eduardo Duhalde hasta el 10 de diciembre del ano 2003; para evitar cualquier tipo de golpe de Estado dado el vacío de poder. Pero la condición de ese apoyo era el abandono de la convertibilidad y la pesificación de la economía.

Esto último se hizo mediante un acuerdo con la Unión Industrial Argentina, ligada a sectores del alto capitalismo nacional, a grupos de potenciales exportadores; cuyo presidente José Ignacio Mendiguren fue designado Ministro de Industria de la Nación (hoy Ministerio de Producción) durante todo el Gobierno de Eduardo Duhalde; y ejecutivos del Grupo Clarín.

No obstante, la mayor parte de los pasivos del Grupo Clarín no eran pesificables por haber sido contraídos de entidades del exterior, con lo que Clarín -así como muchos otros medios en igualdad de situación-, seguían endeudados en dólares, lo cual instalaba a dichas empresas de medios en una situación de virtual quebranto por no poder hacerse cargo de sus obligaciones de pagos; así el gobierno de Duhalde solidarizándose con estas empresas, intentó modificar la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, a través de un mecanismo que impida que los acreedores extranjeros pudieran tomar el control de empresas locales extendiendo los plazos de negociación, eliminando así la posibilidad de que ocurriese un "cramdown", que en términos financieros significa que si un deudor no logra llegar a un acuerdo con sus acreedores que le permita salir de su situación de insolvencia, se abre una etapa anterior a la quiebra en la que se habilita a terceros a ofrecer un acuerdo de pago a los acreedores, y en caso de obtenerlo quedarse con el capital social de la empresa pagando la deuda y si es necesario una diferencia a los dueños originales. Esto preocupaba mucho a Ernestina Herrera de Noble, a Magnetto y otros ejecutivos, ya que podría permitir que un acreedor se apropiara de la compañía en una fase previa a una eventual quiebra.

Favorecido el endeudado Grupo Clarín con las políticas económicas de Eduardo Duhalde, quien sentía, como muchos otros políticos, que no se podía gobernar con los medios, y principalmente Clarín, en contra; tuvo mucho apoyo mediático del Grupo mencionado desde un primer momento. Fue así que a pesar que los cacerolazos no se detuvieron en el año 2002, los mismos no eran cubiertos por ningún medio del Grupo Clarín; de hecho el primer cacerolazo durante el gobierno de Eduardo Duhalde en enero de 2002 solamente fue televisado por el programa de periodismo de espectáculo Intrusos, presentado por Jorge Rial en América TV; quien a modo de desquite por parte del Gobierno durante los próximos dos años soportaría presiones fiscales de la AFIP (Administración Fiscal de Ingresos Públicos).

Pero la presión del Fondo Monetario Internacional, entidad que ejercía en aquellos años una influencia decisiva en el rumbo económico de la Argentina, impidió que ese salvataje, o modificación de la Ley de Quiebras se efectuara.

De esta manera el propio gobierno de Duhalde, bajo la iniciativa del Grupo Clarín, y como estrategia alternativa promovió una nueva ley llamada de Preservación de Bienes Culturales 25.750, la cual más popularmente pasaría a denominarse "Ley Clarín", por ser el mayor beneficiado de la misma. Dicha ley bajo el legítimo pretexto de proteger el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural, preservará el patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural nacional; así como las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada; actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional pero también incluye entre los intereses nacionales a proteger de la expropiación extranjera a los medios de comunicación.

De hecho la Ley Preservación de Bienes Culturales 25.750; entre todos los bienes anteriormente mencionados solamente menciona detalladamente los procedimientos de protección de los medios de comunicación; poniendo un tope del 30% a la presencia de capitales extranjeros en las compañías de medios de comunicación del país. Por su puesto no se incluyen en dicha protección los medios de comunicación que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad de empresas o personas extranjeras.

Además mediante esta ley, se indica que las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras que ponían en riesgo de "cramdown" a varias empresas en deuda no regirán para los medios de comunicación en tanto sean de propiedad nacional. Finalmente la Ley de Preservación de Bienes Culturales 25.750 fue promulgada el 4 de julio de 2003 -ya durante la gestión de Néstor Kirchner iniciada el 25 de mayo de ese mismo año-.

Es paradójico notar que para la promulgación de la Ley de Preservación de Bienes Culturales a través de solicitadas y artículos de medios como Clarín y La Nación, se bregaba por la "protección de la identidad nacional y de los valores culturales argentinos". Muy extraño teniendo en cuenta que muchos de esos medios acompañaron iniciativas extranjerizadoras y privatizadoras de los años noventa. Además declaraban que: “Se favoreció una apertura irrestricta que no reconoce antecedentes en el mundo”, y solicitaban diciendo que: “Está en manos de nuestros representantes gestar una verdadera Política de Estado: la protección del patrimonio cultural e informativo nacional, a través de una serie articulada de medidas legislativas y políticas activas que apunten a brindar un marco para el desarrollo de nuestras industrias culturales”.

Esos mismos medios felicitaban y festejaban las políticas privatizadoras que "abrían" la economía permitiendo que el capital extranjero comprara lo que se le ocurriese; capitales con los que estaban haciendo negocios y que ahora podrían volverse sus verdugos. La protección y promoción de los bienes culturales son banderas indiscutibles de todo el pueblo de la nación argentina; sin embargo en esta ley a simple vista, leyendo sus artículos dedicados casi exclusivamente a los medios de comunicación, uno puede darse cuenta que se trata de una coartada excelente de aquellos que quieren que siempre les cierren las cuentas a favor. No es otra cosa más que una coartada de aquellos que veneran la globalización salvo cuando sus efectos negativos les llega a ellos.

Así, nuevamente el Grupo Clarín y algunos otros medios lograron obtener ventajas a partir de acciones políticas del Estado y salvarse de una potencial expropiación por parte de grupos extranjeros.

Continúa en Qué es la Ley de Medios (Parte III) >>


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