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Proyecto de la ley de Medios Audiovisuales


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Kirchner y la ley de medios

 
Con la llegada del nuevo gobierno de Néstor Kirchner en 2003 empezarían, los debates y las iniciativas para la promulgación de una nueva ley de medios audiovisuales que suplantaría a la antigua Ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en tiempos de la dictadura y devenida en plenamente neoliberal durante la década de los años 1990. Sin embargo deberían pasar aún varios años de discusiones hasta la promulgación de la nueva ley en tiempos de la Presidenta Cristina Kirchner. De hecho en los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner su relación con el mayor grupo mediático del país era sino buena, por lo menos "convenientemente cercana" -como había sucedido previamente con otros primeros mandatarios-; ya que el nuevo Presidente necesitaba juntar poder, por lo que debía tener a los medios de su parte y principalmente a Clarín, y por parte del grupo mediático, como siempre, necesitaban favores políticos ventajosos para sus negocios.

Néstor Kirchner conoció al Director Ejecutivo del Grupo Clarín, Magnetto, durante la campaña electoral de 2003 por sugerencia del entonces presidente Eduardo Duhalde, quien lo apadrinaba.

En aquel entonces Magnetto, todavía no tenía una opinión muy formada del santacruceño, y simplemente se refería a él como "el del sur". No obstante, dado que se trataba del candidato de Duhalde, quien había favorecido al grupo durante su gestión, Clarín le otorgo su apoyo. Ya en 2003 siendo Presidente Néstor Kirchner, se promulgó la Ley de Preservación de Bienes Culturales descrita en la sección anterior, que beneficiaba al Grupo Clarín y otros medios.

El último intento por suplantar a la Ley de Radiodifusión 22.285 de la dictadura, previo a la aprobación de la actual Ley de Medios Audiovisuales se había dado en el año 2001 y fue promovido por el entonces interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Gustavo López, en tiempos del Gobierno de De La Rúa; y tuvo como característica distintiva el acuerdo logrado en los puntos principales del proyecto entre las tres mayores fuerzas partidarias del momento (la Unión Cívica Radical, el Frente País Solidario y el Partido Justicialista). A pesar de que se hizo un trabajo técnico muy serio y de mucha participación, la metodología de la presión de los empresarios de medios para que la ley nunca llegara a debate de votación triunfó nuevamente. Pocos meses después ocurrió el estallido de diciembre de 2001 seguido por una gran crisis económica y una agenda política cargada de problemáticas como la pobreza y la crisis financiera que movían al debate de una nueva ley de normalización de los medios audiovisuales, compatible a un sistema democrático a un segundo plano.

Pero ya en 2004 comenzó a cuestionarse la entonces vigente Ley de Radiodifusión, y habiendo pasado 21 años de la vuelta de la democracia se presentó al gobierno la Iniciativa Ciudadana por una Radiodifusión Democrática, la cual contenía "21 puntos primordiales" para elaborar una nueva ley de medios, sustentada en principios de derechos humanos, antimonopólicos, que garantizan el derecho de información y libertad de expresión. El 27 de agosto de 2004 (Día Nacional de la Radiodifusión), en un programa especial, transmitido por Radio Nacional para todo el país, dirigentes de organizaciones sociales de derechos humanos y políticas adhirieron a los 21 puntos y poco tiempo después se formó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, compuesta por organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos e institucionales.

Los 21 puntos postulados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática son los ladrillos en los que se estructuró años más tarde la actual Ley de Medios Audiovisuales. El prólogo del texto presentado dice lo siguiente:

Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. Es inadmisible la exclusión de importantes sectores a la radio y la televisión. Necesitamos medios públicos fuertes, al servicio de todos y no de los gobiernos de turno. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental.

Y a continuación se pueden leer los 21 puntos que años más tarde formaron el ADN de la nueva Ley de Medios Audiovisuales:

Libertad de expresión

1.Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

Derecho vs. Negocio

2. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
 

Independencia

3. Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al
estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
 

Patrimonio de la humanidad

4. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos
y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
 

Derechos y deberes del Estado

5. La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
 

Límite a los monopolios

6. Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
 

Compromiso y formación profesional

7. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
 

Por los trabajadores de la comunicación

8. En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
 

Transparencia en la gestión

9. Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
 

Los límites

10. No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
 

Públicos, comerciales y comunitarios

11. Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil
sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
 

Públicos no gubernamentales

12. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal. Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
 

Sin fines de lucro

13. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
 

Producción local y nacional

14. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
 

Responsabilidad mediática

15. La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
 

Sin cadenas

16. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
 

Producción publicitaria

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación,
no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
 

Inclusión de la comunicación regional

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
 

Por un nuevo COMFER

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la
sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
 

Defensoría del público

20. Se creará la figura de la “Defensoría del público”, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la Defensoría del público.
 

Normalización con inclusión

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

 
Los 21 puntos mencionados son muy autoexplícitos y están escritos de una forma fácil de entender por lo que no necesitan mucha explicación.

Es necesario destacar que ya en mayo de 2003 se había efectuado una pequeña modificación a la Ley de Radiodifusión 22.285, que removía el obstáculo legal que impedía a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión, el cual había sido impuesto en un contexto histórico e institucional distinto al democrático actual. Además era una medida necesaria, en un marco de crisis económica, para garantizar el acceso a los servicios de comunicación a todos los habitantes de manera gratuita, especialmente en zonas donde no llegaban señales de radiodifusión y/o televisión; o donde la única forma de acceder a los mismos era a través del servicio de cable pago.

Por lo tanto, el 19 de mayo de 2003, a través del Decreto 1214/2003 se pemitía a los Estados Provinciales tener un canal de televisión pública provincial y una radio AM también pública. Por otro lado se permitía a las municipalidades la prestación de servicios de radiodifusión a través de una emisora FM; siempre bajo previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional.

Un hecho que ha sido muy criticado por diversos grupos sociales fue aquel de mayo de 2005, mediante el cual el Gobierno de Néstor Kirchner prorrogó las licencias de los distintos grupos de medios audiovisuales por diez años a través de un decreto. De acuerdo a la Ley 22.285, las licencias se adjudicaban por un plazo de quince años, con la posibilidad de ser prorrogadas a solicitud de los licenciatarios, por única vez, por otros diez años, o sea que automáticamente se les podía prorrogar la licencia, dando un total de 25 años. Con el decreto 527/2005 dicho plazo fue prolongado por otros diez años más.

El motivo de dicha prórroga dado desde el sector político es que en virtud de la grave crisis atravesada por el país y la emergencia pública en materia social, administrativa, cambiaria, económica y financiera; los medios de comunicación no estaban exentos a sufrir los golpes de la crisis; teniendo en cuenta los altos costos que debían afrontar para continuar brindando la prestación de servicios y las grandes deudas que aún debían enfrentar, a pesar de las facilidades que obtuvieron y que ya fueron explicadas en la sección previa. Por otro lado, cuando se habla de la prórroga, se suele pensar únicamente en el Grupo Clarín, pero objetivamente hay que destacar que la misma fue beneficiosa para muchos medios que se encontraban endeudados financieramente y con un grave déficit. Pese que hacia 2005 la etapa más difícil de la crisis económica del país se había superado; la situación de los medios audiovisuales, indistintamente de quiénes eran sus licenciatarios, necesitaba un horizonte de previsibilidad que involucre plazos mínimamente necesarios para solucionar sus problemas económicos y financieros.

También hay que destacar que la ley 22.285 imponía a los licenciatarios de servicios de radiodifusión garantizar la uniforme periodicidad de las transmisiones, y el mantenimiento de la estructura técnica en condiciones satisfactorias de funcionamiento, a los fines de una prestación eficiente. Pero con las deudas que aún les pesaban esto casi les era imposible, por lo que los dueños de distintos medios, no solamente Clarín, debieron pedir extensiones de sus licencias para poder refinanciar las deudas que tenían, como sucedía también en otras disciplinas o rubros. Se puede discutir obviamente que los orígenes de las deudas de algunos grupos mediáticos estaban motivados por el propio crecimiento oligopólico favorecido por la coyuntura de la década de los años '90; no obstante es indiscutible que fueron varios los sectores de la sociedad que se vieron beneficiados, a corto plazo, por el modelo económico prevaleciente durante dicha década y que se vieron gravemente perjudicados al presentarse la crisis económica propiciada
por el mismo; y que ahora pedían ayudas de todo tipo para poder enfrentar sus desgracias, cuando ellos mismos, mediante su participación fueron en parte defensores del modelo que hoy los intimidaba.

Por lo tanto la emisoras que atravesaban condiciones más comprometidas se veían más beneficiadas, porque la próroga permitía que se incrementen los valores de sus empresas al gozar de mayor estabilidad, mejorando así las posibilidades de negociación de sus deudas. Además se les pedía a los empresarios beneficiados que dediquen parte de su programación a segmentos culturales y educativos como también la inversión en nuevas tecnologías a la luz del proceso de digitalización de la radio y televisión que empezaba a darse en varias partes del mundo.

El 20 de mayo de 2005, cuando se firmó el decreto 527/2005 que prolongaba las licencias por diez años más, varios de los empresarios líderes de la TV y la radio se encontraban en Casa de Gobierno. Durante su discurso, el Presidente Kirchner expresó: "Queremos los medios en manos de empresarios nacionales como ocurre en los países más serios del mundo". Si bien se encontraban entre los favorecidos también grupos extranjeros. Por su parte el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, informó a los empresarios en su discurso: "Sepan que la visión del negocio es diferente a la de antes. Les estamos permitiendo planificar a diez años más para que pongan en orden sus finanzas. Queremos también comprometerlos con los valores culturales de una Argentina que va a cumplir dos siglos y les pediremos que dediquen parte de su programación a proyectos culturales y educativos".

Pero por tratarse de una norma que no definía situación por situación, el decreto abría disimilitudes entre los licenciatarios.

Por ejemplo los empresarios de Cuatro Cabezas, Mario Pergolini y Diego Guebel, que en 2004 habían obtenido una licencia por una radio FM en Buenos Aires (FM X4 104.3), dispondrían de 35 años de licencia, o sea a los quince años que les otorga la ley más los 10 de prórroga automática, se le sumaron otros diez de la prolongación de plazos del decreto. Es necesario aclarar que en 2008 Cuatro Cabezas vendió la licencia de FM X4, la cual pasaría a ser una emisora repetidora de AM Continental en la banda de Frecuencia Modulada hasta noviembre del año 2010; y que desde enero de 2011 empezaría funcionando como una nueva señal denominada FM Imagina, dirigida hacia un público adulto joven, con clásicos de las décadas de los '80 y '90.

En el caso de Radio 10, propiedad de Daniel Hadad y Viviana Zocco), la licencia se extendía por 20 años más, ya que los primeros quince años vencían en 2010, la prórroga automática le otorga diez años más y mediante este decreto firmado por Kirchner la licencia se prolongaba hasta el año 2030 disponiendo por lo tanto de 25 años de licencia a partir de 2005. Para Daniel Hadad, el decreto de Kirchner era de importancia primordial, ya que se encontraba en plena negociación de la deuda de Canal 9 en concurso preventivo. Con el aumento del valor de la empresa, sus perspectivas mejoraban notablemente. Ya en enero de 2005 Daniel Hadad había pedido una prórroga pero el COMFER se la había denegado.

A diferencia de la emisora mencionada, que ya para entonces llevaba más de 21 años en manos privadas -en octubre 30 de 1983 se le había adjudicado la licencia a Alejandro Romay-; Telefé y Canal 13, accedieron a la prórroga automática de 10 años en enero de 2005 -ya que sus licencias fueron adjudicadas en 1990- por lo que con la prolongación de otros diez años otorgada por el decreto de Kirchner sus licencias durarían otros 20 años hasta el 2025.

En tanto, América TV del Grupo Uno de Avila, Vila y Manzano obtuvo una prolongación de su licencia televisiva hasta el año 2022.

También estaba presente el presidente de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, Carlos Fontán Balestra, quien declaró su beneplácito por el decreto: "Es muy importante para la libertad de expresión. No es lo mismo saber que se tiene una prórroga, lo que confiere estabilidad, cuando hay que salir al mundo con la programación en la era de la TV digital. Y además, con este decreto, no habrá que vivir a merced del poder político, ni pedir favores".

Si bien desde sectores opuestos a la prolongación de plazos de licencias, se suele decir que uno de los principales motivos por el que Kirchner la decretó, fue porque necesitaba construir poder, por lo que tuvo que pactar con los grandes grupos de medios. En una Argentina que todavía dependía en parte del Fondo Monetario Internacional, según declaraciones del propio Néstor Kirchner a Horacio Verbitsky, necesitaba a los medios de su parte para que transmitan sus discursos, sus ideas; y que como dirigente pragmático debía construir su poder con las herramientas que tenía a disponibilidad, manejarse con lo que hay. Por lo que quizá entonces, desde un punto de vista políticamente estratégico era un paso necesario para la posterior toma de decisiones que gestarían a la nueva Ley de Medios.

Pero el año 2005 no solo sería beneficioso para los grandes grupos mediáticos, sino que también para las cooperativas y organizaciones sin fines de lucro, ya que por primera vez se les pemitiría adquirir legalmente licencias de medios de comunicación. Para lograrlo se tuvo que modificar el Artículo 45 de la Ley 22.285 en la parte que decía que solamente entidades comerciales podían obtener licencias:

ARTICULO 45: Las licencias se adjudicarán a una persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país.

 
Pasando a ser:

ARTÍCULO 45: Las licencias se adjudicarán a una persona física o jurídica regularmente constituida en el país.

  
De esa manera, a partir de agosto de 2005 las entidades sin fines de lucro podían adquirir licencias de medios de comunicación radiales y televisivos. Pero quedaba un problema, el espectro radioeléctrico no se encontraba regulado, por lo que los grandes medios aún ocupaban la mayoría del mismo, por lo que se necesitaba reservar espacios del espectro, definidos legalmente para las diferentes entidades con distintos fines, garantizando así la disponibilidad de frecuencias para organizaciones sin fines de lucro, como bien se indica en el punto 13 del texto de los 21 puntos postulados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Quedaba claro que la vieja ley, con todas sus modificaciones, debía ser suplantada por una más moderna que tuviera en cuenta todas las necesidades del presente.

En 2006 el Grupo Clarín quería comprar la empresa prestadora de servicios de televisión por cable Cablevisión y fusionarla con la empresa prestataria del mismo servicio, Multicanal que ya era de su propiedad, por lo que inicia un trámite para que se formalice desde el Estado esa compra o fusión entre ambas empresas. Durante los años 2006 y 2007, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estudió el caso largamente y publicó un dictamen en el que se indican los motivos por los que la fusión no debería darse: como el deterioro de las condiciones de competencia en el mecado de televisión por cable, la generación de una empresa dominante que puede significar cuellos de botella para el desarrollo y la innovación de la televisión por cable, que puede abusar de los precios que les cobra a los clientes lesionando el interés de los mismos.

Paradójicamente, el 7 de diciembre de 2007; unos días antes de finalizar el mandato de Néstor Kirchner, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia declaró que "la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal era legal; y mencionaba a las potencialidades en términos del desarrollo de una red alternativa de comunicaciones, de actualización tecnológica de los consumidores y de reducción de la brecha digital". También aludió al "incremento del potencial competitivo de las empresas involucradas y a la posibilidad de gestar economías de escala, densidad y alcance que se traduzcan en beneficios al mercado y los usuarios".

Entre las condiciones que solicitó el organismo para asegurar los resultados positivos de su estudio, se encontraba la suscripción de un compromiso que incluya pautas precisas de inversión y otras obligaciones. En el que Cablevisión y Multicanal se deberían comprometer a "extender su servicio de televisión paga y acceso a Internet", incrementando la capacidad de su red en las localidades donde operan de acuerdo a condiciones y plazos establecidos en cada área. También se solicitaba que en forma progresiva un número creciente de usuarios puedan recibir servicios digitales con los siguientes beneficios: mejor calidad de imagen y sonido, mayor oferta de programación y la posibilidad de contar con nuevos servicios que serán incorporados.

Los compromisos de las empresas también incluyen otros aspectos, como la programación y los servicios sociales. Las operadoras de televisión por cable se obligan a "garantizar una ubicación" en sus grillas de canales a los proveedores de señales televisivas, sean o no competidores de sus empresas controladas. También a garantizar el pluralismo, la libertad de información y el entretenimiento, y asegurar a los usuarios una razonable provisión de señales informativas, deportivas y de entretenimiento. Además se preveía para zonas de emergencia de la zona metropolitana de Buenos Aires un servicio social opcional de televisión paga digital, de abono reducido, con un mínimo de diez señales adicionales a las de televisión abierta. Y se establece que los valores del abono básico se ajusten a las posibilidades de los distintos mercados.

También se pedía que a tono con la incorporación pedagógica de la televisión en el proceso educativo por la Ley de Educación Nacional y por la señal televisiva Encuentro -en aquel entonces emitida únicamente en sistemas de cable- se incluya el compromiso de efectuar un plan de conexiones sin cargo para escuelas públicas de todas las localidades donde operan las empresas. A lo que se sumarían, según la densidad demográfica, hospitales y centros de salud públicos, hogares públicos de ancianos, comisarías y cuarteles de bomberos.

El entonces presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, José Sbatella, estaba en contra de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, incluso ha manifestado que había tenido diferencias de posición con Néstor Kirchner; quien tiempo después reconocería que se equivocó. Según Horacio Verbitsky, el entonces saliente Presidente todavía no se sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentar al Grupo Clarín.

José Sbatella, aunque acompañaba la resolución de la CNDC, también dejaba ver algunas objeciones, como que era necesario para asegurar la competencia, que el Grupo Clarín se desprendiera de los derechos de la televisación del torneo de fútbol y que vendiera activos en zonas donde Cablevisión y Multicanal eran las únicas dos prestadoras de servicios de televisión por cable.

El dictamen de José Sbatella incluía varias objeciones, entre otras:

"En el caso de las señales y contenidos vinculados con el grupo Torneos y Competencias (TyC), en cambio la operación, tiene la potencialidad de generar un refuerzo de la posición dominante de dicho grupo en lo que se refiere a los contenidos relacionados al campeonato argentino de fútbol, que podría restringir la competencia con los operadores de televisión por cable que compiten con Multicanal y Cablevisión. Este problema ameritaría recomendar que la nueva entidad consolidada se desprenda de los activos y participaciones societarias directas e indirectas que posee actualmente en las empresas del grupo Torneos y Competencias (es decir, TRISA, TSC y las señales TyC Sports y TyC Max)."

"Los contenidos de los canales TyC Sports y TyC Max han sido además objeto de varios casos de conductas anticompetitivas analizadas en el pasado por esta Comisión".

"Los problemas de competencia generados por la integración vertical existente en el grupo Torneos y Competencias y Multicanal podrían por lo tanto exacerbarse si a dicha integración vertical se agrega el sistema de televisión por cable operado por Cablevisión. El problema potencial más grave que tiene que ver con la posibilidad de cierre de mercado de contenidos ligados al fútbol argentino para los operadores televisivos que no pertenecen a la nueva entidad fusionada, lo cual podría tener entidad de restringir la competencia entre dichos operadores y el grupo Multicanal-Cablevisión. Este efecto también puede verse como un refuerzo de la posición dominante que el grupo Torneos y Competencias parece tener en el segmento de contenidos ligados con el fútbol argentino que se incrementaría considerablemente si el mismo grupo económico tiene el control de esos contenidos y del sistema de televisión por cable operado actualmente por cablevisión."

"Los problemas de competencia aparecen en aquellas áreas urbanas en las cuales operan tanto Cablevisión como Multicanal con más de 100.000 habitantes con un alto grado de penetración del servicio de televisión por cable. Es por eso que no parece a primera vista razonable resignar el efecto benéfico que la competencia tiene en esas áreas a los efectos de aprovechar economías de escala que, a primera vista, no parecen tan significativas. Sería recomendable que la nueva entidad que se consolida desmembre, en estas localidades, una de las dos compañías que controla actualmente y enajene los activos de las mismas a alguna empresa diferente."

  

Al día siguiente del dictamen, Clarín se quejó porque la inclusión de objeciones posibilitaba a otros operadores de cable a iniciar impugnaciones y acciones judiciales, como efectivamente sucedería tiempo después.

Los accionistas de dicho sistema son el Grupo Clarín con un 60% de las acciones y Fintech Advisory con el otro 40%. Esa operación, que involucró un monto de 1.100 millones de dólares fue la de mayor volumen del mundo empresario argentino desde la crisis económica de 2001-2002, y la primera en muchos años por la cual una empresa vendida al exterior en los años '90 volvía a ser controlada mayoritariamente por capitales privados nacionales.

En aquellos tiempos los medios del Grupo Clarín, si bien no marcaban una visión oficialista, sí mostraban una imagen positiva de la gestión de Néstor Kirchner, quien entre sus personas de confianza decía que dicha alianza le servía..

El principal motivo que rompió la estratégica alianza entre el Kirchnerismo y el Grupo Clarín fue que en 2008 -ya durante la presidencia de Cristina Kirchner-, Clarín quería penetrar al mercado de la telefonía e Internet mediante la compra de acciones de Telecom Argentina, por lo que empezaría a presionar al Gobierno argentino para que le otorgara el permiso para entrar al capital accionario de la mencionada empresa de telefonía.

Según Néstor Kirchner, en aquel entonces cuando el Gobierno se encontraba en conflicto con el sector agropecuario, el mismo Héctor Magnetto, Director Ejecutivo del Grupo Clarín, le ofrecía todo el apoyo mediático al Gobierno, si el mismo permitía la entrada de Clarín al capital accionario de Telecom mediante la compra de la parte que dicha empresa tenía que vender, por encontrarse en una situación monopólica, a otra de capitales nacionales.

Desde entonces empezarían las presiones e incluso extorsiones por parte del Grupo Clarín al gobierno, para apurar la negociación que le permitiría ingresar al mercado del triple-play, un tipo de servicio que ofrece telefonía, acceso a Internet y televisión por cable, y que ya era brindado por la empresa Telecentro. De haber ocurrido el 50% de las acciones de Telecom se hubieran dividido en un 40% para el Grupo Clarín y el resto entre entonces inversores mediáticos vinculados al Kirchnerismo como Daniel Hadad y Daniel Vila. El apriete del Grupo Clarín al gobierno fue mediante coberturas televisivas y artículos del diario pro campo durante el conflicto del paro patronal agropecuario de marzo de 2008. En ese momento nació, por lo menos teóricamente, la ruptura entre Clarín y el gobierno Kirchnerista.

Un detalle a tener en cuenta también acerca del apoyo de Clarín y La Nación a los productores agropecuarios perjudicados por el incremento de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol, es que dichos medios son socios en Expoagro, la mayor exposición anual del agronegocio, donde se cierran todos los años negocios multimillonarios. Además varios de los principales accionistas del Grupo Clarín, son propietarios y productores agropecuarios, por lo que en gran parte actuaban en función de sus intereses.

 
Cristina Kirchner y la Ley de Medios

Ya en la plataforma electoral de Cristina Kirchner se incluía, como proyecto de gobierno, el tratamiento de la necesidad de elaboración de una nueva ley de servicios audiovisuales más moderna y compatible a la realidad democrática y tecnológica que vive el país hoy día, suplantando así definitivamente la vetusta Ley de Radiodifusión de la dictadura y sus innumerables parches y modificaciones que la fueron transformando en netamente mercadocéntrica.

En abril de 2008, Gabriel Mariotto se convirtió en el interventor del COMFER, con el mandato presidencial de elaborar un proyecto de ley que suplante la Ley de Radiodifusión 22.285, y desconcentre el mercado de los medios de comunicación. Desde el gobierno ya había una urgencia por promulgar una nueva ley de medios audiovisuales y Mariotto lo definía como una necesidad ante la llegada de nuevas tecnologías como la digitalización a las cuales no se podía hacer frente en el marco jurídico de una ley de la dictadura, ya que con una ley adecuada a los tiempos democráticos, se permitiría amplificar la posibilidad de emisión y que hayan muchos más participantes se la sociedad que puedan emitir. Según Mariotto esa era la principal razón que llevaba al Estado a sancionar urgentemente una nueva ley, porque sino esa potencialidad técnica quedaba bloqueada por un concepto concentrador de radiodifusión como fue el que había instalado la antigua Ley de Radiodifusión.

El 30 de julio de 2008 la Coalición por una Radiodifusión Democrática envió una carta a la Presidente Cristina Kirchner donde se pidía una nueva ley de radiodifusión que remplace el decreto-ley sancionado por la dictadura militar en 1980:

Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

De nuestra mayor consideración:

Es pública su decisión de presentar y dar un decisivo impulso a un proyecto de "Ley de Servicios de Comunicación audiovisuales" que reemplace la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Militar. Celebramos esa decisión. Estamos dispuestos, desde las organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de Derechos Humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias que formamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, a apoyar, acompañar y sostener el proyecto que Ud., con valentía institucional, se ha comprometido a impulsar, teniendo en cuenta los "21 puntos por el Derecho a la Comunicación".

Como hemos afirmado reiteradamente, entendemos que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. Corresponde al Estado asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer las condiciones que los licenciatarios deben cumplir. Eso no es censura, es asegurar con políticas activas el Derecho a la Expresión, a la Información, a la Comunicación y la plena participación de todos los sectores en la vida ciudadana. Por estos principios, se torna imprescindible sustituir el vigente Decreto-Ley de Radiodifusión impuesto por la dictadura militar en 1980.

Con su decisión, el nuevo marco jurídico es hoy una posibilidad cercana, luego de los debates recorridos en 25 años de democracia, con participación amplia de sectores políticos y sociales. Desde 1987, con el Consejo de Consolidación de la Democracia al que el Presidente Raúl Alfonsín encomendó la redacción de una Ley de Radiodifusión, casi un centenar de proyectos fueron presentados en las Cámaras de Diputados y Senadores. Se han realizado audiencias públicas y hubo muchos debates parlamentarios en torno al tema. Todos esos debates deben ser recuperados en el Congreso para apresurar los tiempos de análisis del proyecto que será enviado por el Ejecutivo.

Desde los sectores populares nos unimos a fines del 2003 para presentar una propuesta y formamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Los gremios de la comunicación de la CGT y de la CTA, las Universidades nacionales, Organizaciones sociales, cooperativas y Organismos de Derechos Humanos logramos acordar los veintiún puntos por el Derecho a la Comunicación presentados públicamente el 27 de agosto de 2004, y entregados en aquel tiempo al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo.

Creemos que ya es tiempo, en esta democracia, de multiplicar voces para garantizar los derechos de todos mediante una nueva Ley de radiodifusión o de Servicios de Comunicación audiovisuales. Entendemos que para avanzar en la línea de la redistribución de la riqueza y profundización de la democracia, que Usted ha señalado reiteradamente, urge el envío del proyecto a la brevedad para su debate parlamentario. Le reiteramos que las organizaciones sociales, sindicatos, universidades, pueblos originarios, organismos de derechos humanos que integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, estamos dispuestos a apoyar, acompañar, sostener, un proyecto basado en los "21 puntos por el Derecho a la Comunicación" que entregamos a Usted en la entrevista concedida en abril.

 
Tiempo después la Presidente Cristina Kirchner anunciaría a través de un discurso que el Congreso debatiría el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura. También indicaría el establecimiento de tres segmentos de la información y los medios audiovisuales, ya que el campo de los medios -que en aquel entonces era mayoritariamente de carácter comercial y solamente se tenía disponible un pequeño espacio para los sectores cooperativos o de organizaciones no gubernamentales- debía transformarse de manera estructural. De esa manera se dispondría un tercio del espectro radioeléctrico al sector comercial, un tercio para el espacio público, y un tercio para las organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales, podrían acceder también a frecuencias para poder hacer conocer su voz.

No obstante la presentación del proyecto quedó enmarcada en el conflicto que tenía desde hacía un año el Gobierno con el principal grupo multimediático del país.

El proyecto impulsado por el Gobierno se debatió en una sesión de la Cámara de Diputados del Congreso, con el sostén de los bloques de centroizquierda y el socialismo. La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO y el peronismo disidente (alianza entre Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Francisco de Narváez, Rodríguez Saa) y el cobismo (del ex Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos) objetaron la legitimidad del procedimiento parlamentario e impugnaron la sesión especial antes de abandonar el recinto. Con los opositores fuera del recinto y tras casi doce horas de debate, el oficialismo redujo la lista de oradores propios para votar el proyecto sobre la medianoche. En el cierre del debate de más de trece horas, el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, defendió los pasos dados hasta la sesión: la discusión en foros de todo el país, el anuncio del proyecto, las audiencias públicas en el Congreso, los cambios introducidos a sugerencia de la oposición y el pedido de sesión especial. “Fue un gran error de la oposición la decisión de levantarse e irse”, dijo. “Les aconsejo que no vayan a la Justicia, porque cada vez que lo hacen le va mal”. Fernando “Pino” Solanas de Proyecto Sur respaldó el voto favorable y declaró: “A pesar que mantenemos críticas al proyecto, hemos conseguido cambios importantes. No compartimos la postura de aquellos que critican la ley para frenarla”. Salvo la decisión de Miguel Bonasso, que votó en contra, los bloques de centroizquierda le aportaron al oficialismo no sólo los votos para darle media sanción a la ley sino el respaldo político por fuera del kirchnerismo. Tras más de medio día de debate se obtuvo la media sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la madrugada del día siguiente.

Los votos positivos de la Cámara de Diputados provinieron del Frente para la Victoria/Partido Justicialista, del Partido Socialista, del Encuentro Popular y Social (de Martín Sabatella), Solidaridad e Igualdad, Partido Nuevo Contra la Corrupción (de Luis Juez), del Partido de la Concertación-FORJA, del Frente Cívico por Santiago y del Proyecto Sur.

Al mes siguiente se trató el proyecto en la Cámara de Senadores.

El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, declaró "Es una ley moderada, democrática". El santacruceño Nicolás Fernández, como miembro informante del oficialismo dijo “Siempre que se discute intereses concentrados, monopolios, hay tensiones y allí la política debe decidir de qué lado está, y nosotros decidimos jugar del lado de la sociedad, de los que no pueden expresarse", agregando a su discurso "Defendemos la libertad de prensa y esta ley ratifica ese compromiso. No hay un solo artículo que hable de contenidos". Por su parte la cordobesa oficialista Haidé Giri manifestó "Acá se discute la libertad de prensa o de imprenta. La peor censura es la que no se ve. Esto es lo que pasa en la actualidad por los grandes monopolios periodísticos" siguiendo con una ironía "En la Argentina el sonido del clarín lo unimos a las marchas militares. Estoy contenta porque al clarín se le van unir muchísimos más instrumentos para que sea la orquesta del pueblo argentino". El pampeano Rubén Marín opinó que "todo monopolio u oligopolio atenta contra la libertad de expresión. Estamos tratando de que la capacidad de acumulación de unos pocos no condicione a la sociedad y a los gobiernos". El kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes expresó "Discutimos si la agenda política, en torno de cuáles son los debates esenciales, se fija desde la política o se hace desde los multimedios".

Tras la votación, el oficialismo contabilizaba a su favor los votos necesarios para bloquear los intentos de introducir cambios en el articulado que hiciera regresar el proyecto a la Cámara baja. El radicalismo tuvo que resignar las ilusiones de modificar el proyecto. De esta manera, se votó a favor del proyecto que se convertía en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cerrando una etapa de varias décadas de lucha de la sociedad para lograrla.
 

Continúa en Qué es la Ley de Medios (Parte IV) >>


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