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Los fondos buitres en Argentina


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Actualizado por última vez el 21 de marzo de 2016

Antes de analizar el accionar de los fondos buitres en contra de Argentina, es necesario hacer un breve repaso de la historia de la deuda externa argentina, para entender mejor dónde se apoyan estos fondos y cómo llegaron al punto de poder demandar al país y arrinconarlo económicamente.
 

Historia de la deuda externa argentina

La historia de la deuda externa de Argentina comienza en 1824 con el préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas, otorgado por la firma británica Baring Brothers & Co. El crédito fue solicitado por la Provincia de Buenos Aires para la realización de obras de infraestructura que mejorarían su productividad y nivel de vida. La decisión fue tomada en 1823 por el entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Para ello, ese mismo año se formó un consorcio integrado por comerciantes porteños y británicos que gestionarían la solicitud de la deuda. El consorcio estaba compuesto por los hermanos John y William Parish Robertson -quienes también tuvieron cargos en el gobierno británico-, Félix Castro, Braulio Costa, Miguel Riglos y Juan Pablo Sáenz Valiente.

La Casa Baring Brothers aceptó otorgar del millón pedido, un valor real de 850.000 libras, aunque el país debería devolver el valor nominal del crédito de 1 millón de libras esterlinas más intereses. Sin embargo, 150.000 libras esterlinas serían destinadas en carácter de comisión para los integrantes del consorcio y la propia Baring Brothers (120.000 para los gestores del consorcio y 30.000 para la Baring). Además, la Baring Brothers exigió que se le entregaran por adelantado dos años de intereses. Por lo tanto, del millón de libras, solamente llegaron a Buenos Aires 552.000 libras esterlinas, en su mayoría en concepto de letras de cambio en comercios británicos instalados en el país y una parte minoritaria en monedas (aproximadamente 20.000 libras).

El proyecto consistía en utilizar el dinero de este préstamo para la construcción del nuevo puerto de Buenos Aires, el establecimiento de nuevas poblaciones en la provincia de Buenos Aires y la construcción de un sistema hidráulico que suministraría agua potable a la ciudad de Buenos Aires. Ninguna de estas obras se realizaron, el dinero del crédito fue utilizado para especulación financiera de bancos y comerciantes locales, así como embolsado en concepto de comisiones por los funcionarios que participaron de la gestión. El país se endeudó, puso como garantía hipotecaria las tierras públicas de la Provincia de Buenos Aires, los intereses incrementaron el monto a pagar y esta deuda que no generó ningún beneficio al pueblo, recién pudo ser saldada en 1904 (80 años después de ser adquirida). Algunos afirman que ese fue el precio que tuvo que pagar el país para ser reconocido oficialmente por Gran Bretaña, cosa que sucedió el 2 de febrero de 1825, cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países.

Pero luego de la caída en 1827 del Presidente Bernardino Rivadavia, uno de los principales impulsores del empréstito a la Baring Brothers, no se siguieron realizando los pagos de la deuda hasta 1838, por lo que los intereses crecieron y la deuda se multiplicó a 1.900.000 libras esterlinas. Ese año, el entonces Gobernador de Buenos Aires y Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, para detener el endeudamiento, decidió realizar un acuerdo por el que la provincia pagaba a los británicos un monto de 12.000 libras esterlinas anualmente. No obstante, luego de la caída de Rosas, el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros, se interrumpieron nuevamente los pagos de la deuda.

En 1855, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Pastor Obligado, intentó resolver el problema de la deuda con la Baring Brothers, nombrando como negociador al entonces ministro de hacienda de Buenos Aires, Norberto de la Riestra. Pero esta negociación la incrementó aún más, ya que se solicitó un nuevo préstamo para pagar la deuda original. De esta manera, Buenos Aires pasó a deber más de 2,5 millones de libras esterlinas.

En 1866, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, bajo la Ley 206, se estableció que la deuda externa de la provincia de Buenos Aires fuera nacionalizada, por lo que se transformó en deuda nacional, en otras palabras, todo el país terminó debiendo el dinero de un negocio realizado por unos pocos funcionarios y comerciantes.

Mitre decidió pedir otro crédito de 2,5 millones de libras para solventar nuevos proyectos en el Estado Nacional, sin embargo, al igual que en 1824, la mayoría del dinero se perdió en comisiones y gastos, por lo que apenas un pequeño monto llegó al país y con el que no se realizó ninguna obra. Domingo Faustino Sarmiento, también tomó más préstamos para financiar sus planes de gobierno, por lo que al término de su gestión en 1874, el país debía 14,5 millones de libras esterlinas.

La políticas económicas que se siguieron durante los años de presidencia de Nicolás Avellaneda, que protegían del pago de impuestos a terratenientes y capitales extranjeros, obligaron al estado a hacer frente a sus deudas tomando nuevos préstamos. Pero a causa de una crisis económica en 1874 de Gran Bretaña, principal cliente de Argentina, el país tuvo una caída de su comercio exterior y no podía conseguir más créditos, por lo que los gastos de las deudas tuvieron que ser afrontados por el pueblo, con una serie de ajustes que incluían un recorte del 20% de los salarios estatales.

En 1876, tras varias negociaciones, Argentina obtuvo un nuevo préstamo pero con la condición de rebajar aún más los salarios de trabajadores estatales en un 25% y la suspensión de todas las obras públicas. Ese mismo año, asumió nuevamente como ministro de hacienda Norberto de la Riestra, quien propuso como estrategia para aumentar los ingresos, reducir aún más los salarios para gastar menos y disminuir las tasas aduaneras para aumentar las importaciones. Sin embargo, un grupo de congresistas, encabezado por Carlos Pellegrini, consiguieron que el proyecto sea rechazado y De la Riestra renunció a su cargo. El Congreso logró que se aumentaran las tarifas aduaneras y eso generó un incremento de los ingresos, por lo que la deuda se mantuvo por un tiempo en aproximadamente 14 millones de libras.

Bajo el mandato presidencial de Julio Argentino Roca entre 1880 y 1886, se pidieron una serie de préstamos a británicos, franceses y alemanes. Pero esta vez, a diferencia de la mayoría de las anteriores veces, la mayor parte de este dinero fue destinado a obras que modernizaron el Estado, obras públicas, obras hidráulicas, inversión en educación, construcción de miles de kilómetros de vías de ferrocarril y modernización del Ejército.

A Roca lo siguió Miguel Juárez Celman, pero a causa de una mala gestión, la venta de los ferrocarriles estatales a capitales privados, el aumento de importaciones y de la gran cantidad de préstamos estatales y privados, se generó una crisis económica, que volvía imposible el pago de la deuda, por lo que esta crisis argentina se reflejó en muchas partes del mundo, provocando una crisis económica en muchos países con entidades financieras y bancos que habían otorgado préstamos a la Argentina. Pero como siempre en esa época, la prioridad siempre era proteger a los terratenientes, así como a los empresarios locales y extranjeros (la llamada por muchos historiadores oligarquía argentina). Así, nuevamente toda la carga fue transferida al pueblo y la mayoría de los ingresos del Estado fueron destinados al pago de la deuda.

Esto generó en 1890 una revuelta popular llamada la Revolución del Parque (porque surgió en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires). Esta movilización encabezada por Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre dio origen a la Unión Cívica, que tras diferencias entre sus dos líderes se separaría y daría nacimiento en 1891 a la Unión Cívica Radical, fundado por Leandro N. Alem y que en la actualidad es el partido político mas antiguo aún existente en la Argentina. La Revolución del Parque provocó la renuncia de Juárez Celman quien fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Pellegrini.

Pellegrini logró obtener créditos por parte de los terratenientes para cumplir con las obligaciones externas. Sin embargo, las siguientes gestiones continuaron pidiendo préstamos, por lo que hacia 1904, la deuda externa ascendía a 78 millones de libras.

Durante toda la primera mitad del siglo XX, Argentina siguió endeudándose a través de créditos con entidades financieras del exterior, en su mayoría británicas. Esos créditos habían sido obtenidos durante décadas para utilizarlos en el otorgamiento de créditos por parte de bancos locales a inversores privados y expandir aún más el desarrollo comercial de Argentina. También fue utilizado en la construcción de obras públicas (principalmente en materia ferroviaria), en la especulación financiera, así como en la malversación de fondos por parte de dirigentes corruptos.

Una excepción sería el período de Hipólito Yrigoyen, en que la mayor parte del endeudamiento fue destinado a la explotación petrolera en Chubut y destinados a la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). En tiempos del radical Marcelo T. De Alvear, la deuda aumentó a más de 1.100 millones de pesos, pero hacia 1930, con Yrigoyen se redujo nuevamente.

Luego del primer golpe de estado de la Argentina en 1930, comenzó la llamada Década Infame y volvieron las viejas costumbres. El país volvió a endeudarse y la deuda externa osciló durante este período entre los 1.000 y 1.200 millones de pesos. Hacia 1943 rondaba los 1.012.700.000 pesos (aproximadamente 4.000 millones de dólares de la época, equivalentes a 54.000 millones de dólares actuales).

Con Perón al poder, durante la segunda mitad de la década de los años '40, el país comenzó una etapa de crecimiento económico basado en la producción en múltiples sectores (agropecuario, industrial, comercial), lo que generó muchos ingresos y un fuerte desendeudamiento, hasta que en 1952 ocurrió algo inédito en la historia económica argentina, el país saldó el total de su deuda externa y pasó de ser deudor a acreedor por más de 5.000 millones de pesos moneda nacional (aproximadamente 250 millones de dólares según la cotización promedio de aquel año).

Luego del derrocamiento de Perón en 1955 por parte de la llamada Revolución Libertadora, el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, adquirió un nuevo préstamo para reactivar el intercambio comercial con países europeos, cuyo dinero sería destinado a la financiación de las importaciones provenientes de esos países. Se pidieron créditos de bancos de distintos países europeos para financiar las importaciones. El monto de la deuda era de 500 millones de dólares repartidos entre Alemania (158,5 millones de dólares), Italia (133,5 millones de dólares), Japón (76,2 millones de dólares), Gran Bretaña (75,2 millones de dólares), Francia (34 millones de dólares) y Países Bajos (25 millones de dólares). El plan consistía en saldar dicha deuda dentro del plazo de un año, cosa que luego se tornó imposible. A raíz de esto, entre el 14 y 16 de mayo de 1956, los representantes de los países acreedores se reunieron en París, Francia con los representantes argentinos para analizar un plan de refinanciación de la deuda obtenida.

De esta reunión nacería el grupo de acreedores conocido como Club de París, que está constituido por países y entidades financieras que han otorgado desde entonces créditos a más de 80 países. Este club de acreedores se reúne periódicamente para discutir acuerdos y planes de refinanciación con países que les deben dinero.

El primer acuerdo de deuda del Club de París fue con Argentina en 1956 y fijó un plan de pago de cuotas anuales de 50 millones de dólares durante los dos primeros años y un poco más para los siguientes años hasta ser cancelada totalmente.

Sin embargo, a partir de la década de los años '60 la deuda con el Club de París volvió a crecer, ya que se pidieron nuevos créditos a los mismos países y entidades financieras. Ese dinero, durante las décadas del '60 y '70, fue tomado por los gobiernos dictatoriales de la época para inversiones en empresas estatales, así como para saldar las deudas de empresas privadas al estatizarse sus deudas durante el período de la última dictadura militar argentina (1976-1983). En los años '80, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la deuda con el Club de París crecería a través de créditos italianos y en 2001, durante la gestión de Fernando De La Rúa, de manos de un crédito proveniente del gobierno español en una operación financiera conocida como Blindaje.

Hacia 1994, la deuda con el Club de París ascendía a unos 8000 millones dólares.

En 1956, la Argentina también accedió como miembro al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo financiero multilateral creado con el fin de fomentar el comercio entre países, mantener políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional mediante créditos a los países miembros y lograr la reducción de la pobreza a nivel mundial. Ese mismo año, el país también se incorporó al Banco Mundial.

El FMI recomendaba aplicar normas de ajuste para reducir el déficit fiscal (gastos públicos excesivos) y estabilizar la economía. El programa económico establecido según las normas del FMI, tenía una tendencia hacia la expansión de una economía de mercado en un país con más de dos décadas de intervención estatal. Para lograr eso, había que reducir y mantener estabilidad en el tipo de cambio de la moneda nacional, fijarla a un precio y reducir la inflación.
 

Pero conflictos sociales internos generaron desconfianza en el mercado financiero y la fuga de capitales provocó una caída en las reservas.

A partir de 1966, con los gobiernos militares, el país tuvo que apoyarse en diversos créditos internacionales, llevando la deuda de 3.276 millones de dólares en 1966 a 4800 millones de dólares en 1972 y 7800 millones de dólares al momento de la llegada del gobierno de la dictadura militar en 1976.

Durante el período de la dictadura militar (1976-1983), la deuda externa de Argentina aumentó en un 465% (37.300 millones de dólares), pasando de 7.800 millones a 45.100 millones de dólares, de los que se desconoce el destino de unos 14.000 millones de dólares, aunque según analistas económicos tuvieron un fin fraudulento, apareciendo en cuentas bancarias de argentinos en el exterior.

Además hay que incluir unos 23.000 millones de dólares de deuda privada de empresas con entidades bancarias extranjeras, que fue estatizada, por lo que el pueblo argentino tuvo que hacerse cargo de la deuda de empresas como Sevel, Acindar, Compañía Naviera de la familia Pérez Companc, Loma Negra, Techint, IBM, Ford, Fiat, Banco Río, Banco Francés, Citibank, Supervielle, Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.

Ya en democracia, en el período del gobierno de Raúl Alfonsín 1983-1989, la deuda externa creció un 44% llegando a los 58.700 millones de dólares y durante la década del '90 con el Gobierno de Carlos Menem treparía a los 146.219 millones de dólares (123% de aumento).
 
 
El Modelo de convertibilidad
 
A
rgentina, a finales de los años '80 y principios de la década del '90, estaba pasando por un fuerte período de hiperinflación. Aunque la inflación había azotado al país durante los últimos cuarenta años, durante el período 1992-1994 logró controlarse y hacia 1996 era cercana al 0%. Para generar ese proceso de desinflación y estabilidad financiera, se tuvieron que seguir determinadas recetas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional para a cambio tener acceso a créditos internacionales cada vez que fuera necesario.

Las imposiciones del FMI consistían en tomar fuertes medidas de ajuste presupuestario para reducir el déficit fiscal provocado por el gasto público destinado a seguridad social y empresas públicas y aumentar así las reservas nacionales. Las medidas incluyeron:

  • La Ley de Convertibilidad que fijaba el precio del peso nacional a un dólar estadounidense.
  • La Ley de Reforma del Estado que permitía la venta de empresas públicas a capitales privados. Así la mayor parte de las compañías estatales fueron privatizadas.
  • Los precios de los bienes y servicios deberían ser establecidos libremente en el mercado sin intervención del estado.
  • Reducción de empleos públicos.
  • Abrir el mercado a inversiones extranjeras y a importaciones de productos extranjeros competitivos, que podían conseguirse a precios equivalentes a los de sus países de origen, dado que el valor de la moneda nacional estaba pegado al del dólar estadounidense. Para permitir esto último, se quitaron la barreras de aranceles aduaneros a las importaciones.

Durante los primeros años, estas acciones lograron detener el gasto público, bajar el déficit fiscal exitosamente e incrementar los niveles de las reservas nacionales a través de créditos extranjeros y venta de las empresas públicas.

Pero a partir de 1994, el modelo comenzó a mostrar sus puntos débiles, ya que la crisis económica de México, conocida como Efecto Tequila, generó aumento del desempleo y fuga de capitales del país azteca, provocando desconfianza en el mercado financiero argentino ante posibles contagios de la crisis. Esta desconfianza causó la caída de las reservas argentinas de 17.900 millones de dólares en 1994 a 12.500 millones en 1995 y aumento del déficit fiscal.

Ahí quedaba al descubierto que el modelo de convertibilidad (1 peso por 1 dólar) solamente podía sustentarse siempre y cuando hubiese superávit en la balanza fiscal del país (más dinero entrante del que se gasta). También se podía observar que era un modelo mantenido artificialmente a través de créditos y especulación financiera.

Durante los primeros años del modelo económico aplicado en la Argentina de la década del '90, las reservas aumentaron, en gran parte gracias al ingreso de divisas producto de las empresas estatales vendidas a capitales privados. Pero a partir de mediados de la década volvió el fenómeno de la fuga de depósitos locales a bancos del exterior y a eso hay que sumarle que las empresas extranjeras que compraron a las compañías estatales privatizadas, comenzaron a girar las ganancias a sus casas matrices en el exterior.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno decidió restringir aún más el gasto público en seguridad social, más puntualmente en asignaciones familiares y en el sistema de salud de los jubilados, también aumentó el impuesto al valor agregado (IVA) del 18% al 21% en abril de 1995.

Otro elemento que no ayudaba a la recaudación de fondos, era que el estado no contaba con una fundamental fuente de ingresos que históricamente siempre estuvo a disposición, el sistema previsional, de donde podía antes tomar dinero prestado con mayor facilidad y casi gratuitamente (sin intereses). Pero tras la privatización de gran parte del sistema previsional y la aparición de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), ese aporte jubilatorio de dinero iba a parar a esas empresas privadas, por lo que el estado debió endeudarse pidiendo dinero prestado de esas AFJP, aunque para estos créditos tenía que pagar tasas de interés.

Otro fenómeno que empeoró la situación fue la devaluación de las monedas de otros países socios de la Argentina, los cuales colocaron a sus productos en una posición de precios más favorables frente a los productos argentinos que se mantenían pegados al precio dólar y que no podían competir ante ellos por ser más caros.

El modelo de convertibilidad que mantenía el precio del peso argentino al mismo nivel que el dólar estadounidense, requería ante todo un flujo positivo de capitales en las cuentas fiscales del país, cosa que no ocurría dada la gran fuga de capitales (de lo contrario si no contaba con suficientes reservas debía devaluar el peso, creando una situación inflacionaria). De esta manera, el estado comenzó a endeudarse con distintos bancos y entidades financieras locales e internacionales para llenar las reservas del Banco Central y lograr así un falso superávit, baja inflación y un peso atado al dólar. Estos créditos tenían un precio muy caro para el país, el de las tasas de intereses. En otras palabras, el 1 a 1 y las bajas tasas de inflación les costarían muy caro a los argentinos, les costarían un aumento de la deuda del 123%.

El gobierno sucesor de Fernando De La Rúa (1999-2001), mantuvo el modelo de convertibilidad y aumentó las restricciones y ajustes sociales, sin embargo nada pudo detener la caída de las reservas y el sustento de la balanza fiscal a través de créditos internacionales. La deuda pública (suma de deuda externa más deuda interna a entidades nacionales como el Banco Central y provincias) aumentó a 147.700 millones de dólares, de los que unos 88.000 millones de dólares correspondían a la deuda externa.

Blindaje y Megacanje

Durante el año 2000, la salida de depósitos bancarios se fue acrecentando, por lo que el país, mediante su Ministro de Economía José Luis Machinea, acordó en diciembre de 2000 con el FMI el llamado blindaje (salvataje económico) de casi 40.000 millones de dólares, que no iría destinado a obras públicas o para garantizar el sistema de seguro social del país sino que totalmente al pago de deudas preexistentes. Obviamente, este crédito aumentaría la deuda a largo plazo a través de los intereses que se acumularían. La idea de este salvataje era la de transmitir tranquilidad a los acreedores y confianza a los inversores para poder reactivar la ya muy golpeada economía nacional. Como siempre, cuando un país recibe un crédito gestionado por el FMI, se deben seguir ciertas recetas económicas impuestas por este organismo como condición para obtener el dinero, bajo el pretexto de ahorro público y reducción del déficit fiscal, estas incluían:

  • Eliminar la Prestación Básica Universal.
  • Elevar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años.
  • Reducción del gasto público a través de ajustes (por ejemplo en áreas de educación y salud), así como bajas en las jubilaciones y en los salarios públicos.
  • Congelar el gasto primario público de la Adminstración Nacional y Provincial por cinco años.

Este dinero provendría del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Gobierno de España, pero ni un centavo iría a parar al estado argentino, sino que simplemente éste actuaría como pasamanos entre los prestamistas del Blindaje y los tenedores de deuda preexistente. El dinero sería entregado en desembolsos periódicos.

El Blindaje solamente sirvió para detener el retiro de depósitos hasta marzo de 2001, pero la desconfianza hacia la economía argentina provocó que la situación de fuga de depósitos volviera. Solamente durante ese mes, se retiraron de los bancos locales 5.530 millones de dólares. El déficit fiscal volvió y los futuros desembolsos del Blindaje no serían posibles por lo que este préstamo se detuvo. Sin embargo, los ajustes a la ciudadanía se quedaron y los intereses de las cuotas del Blindaje ya entregadas incrementarían la deuda a largo plazo por miles de millones de dólares más.

El Blindaje no tuvo éxito y la economía de la Argentina no se recuperaba. El Ministro de Economía Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, quien incrementó los ajustes en áreas como salud, educación e implementó rebajas en las jubilaciones. Estas medidas generaron un gran descontento generalizado en la sociedad, haciendo que López Murphy tuviera que renunciar al poco tiempo. En ese contexto, se hizo cargo de la cartera de economía el Ministro Domingo Cavallo.

La primera propuesta sugerida por Domingo Cavallo fue la de una operación financiera que resultaría ser el tiro de gracia en la historia de la deuda externa argentina, el llamado Megacanje. Mediante esta maniobra, buscaban recuperar la confianza de los inversores y ahorristas en el sistema financiero argentino, para detener la fuga de capitales y el déficit público.

El Megacanje, en realidad había sido ideado por un amigo de Domingo Cavallo, el ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos, banquero y CEO del banco Credit Suisse First Boston (Banco de Crédito Suizo), David Mulford. La operación consistía en canjear con los bonistas 46 tipos de bonos de deuda externa argentina existentes en aquel entonces por 5 nuevos bonos con una extensión del plazo de vencimiento de saldo de la deuda. Para que se entienda mejor, con el Megacanje los plazos de vencimiento de la deuda se extendieron hasta el año 2031 a cambio de un incremento en los intereses, que aumentaron la deuda externa en unos 53.700 millones de dólares adicionales. O sea que el país debería pagar en el período 2001-2031, en concepto de intereses, 53.700 millones de dólares más, simplemente por recibir una prórroga en la fecha de vencimiento del pago de deuda.

Se necesitaban bancos garantes para la emisión de los nuevos bonos de deuda que serían canjeados por los viejos bonos que tenían los acreedores.

En esta operación participaron el Ministro de Economía Domingo Cavallo y David Mulford, así como el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, el ex procurador del Tesoro Ernesto Marcer, el ex director de Crédito Público Carlos Molina, el ex jefe de Gabinete de Asesores de Economía Guillermo Mondino, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Horacio Liendo y el entonces secretario de Política Económica Federico Adolfo Sturzenegger (quien en el gobierno de Mauricio Macri ocupa el cargo de Presidente del Banco Central de la República Argentina). Ellos fueron los encargados de seleccionar a los siete bancos internacionales que participarían del Megacanje como intermediarios: Citigroup, Credit Suisse First Boston, Banco Francés, Banco Galicia, HSBC, JP Morgan y Santander Central Hispano.

A cambio, por intermediar en esta operación los bancos cobraron una comisión de 150 millones de dólares adicionales, de los que 20 millones eran para David Mulford por la elaboración de esta maniobra financiera.

Estos bancos aportarían 27.000 millones de dólares en emisión de bonos nuevos a ser canjeados por los viejos que tenían los bonistas. Sin embargo, es necesario aclarar que 20.000 millones de dólares de esos bonos viejos de deuda ya estaban en manos de esos mismos bancos, por lo que se trataba de una operación fraudulenta, ya que cobrarían esa comisión de 150 millones de dólares por un simple autocanje.

El Megacanje aumentó la deuda pública a unos 147.000 millones de dólares de los cuales, la deuda externa pasaría a ser de 88.000 millones de dólares (antes del Megacanje era de 80.000 millones) ya para el 2003, gracias a los intereses del Megacanje, la deuda externa trepaba a los 103.000 millones de dólares.

El Megacanje detuvo por un breve lapso de tiempo la caída de depósitos y redujo levemente el déficit fiscal, pero en pocos meses volvieron tanto la fuga de capitales como el déficit.

Hacia 2016, el Presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, designado por el Presidente Mauricio Macri, se encontraba procesado por ser "partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

Que es el megacanje
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El default de la deuda de Argentina en diciembre de 2001

En los mercados financieros del mundo ya se temía una posible declaración de default de la deuda argentina (cesación de pagos de la deuda), por la isuficiencia de fondos para poder hacer frente a sus obligaciones de pago. Esto provocó que los bonos argentinos comenzaran a perder su valor. Finalmente, el 24 de diciembre de 2001, tras estallar la crisis económica y social argentina y la renuncia del Presidente De La Rúa, el primer mandatario interino, Adolfo Rodríguez Saá, anunció públicamente la suspensión del pago de deuda hasta que el país se recuperara de la crisis.

En el momento de declararse el default, la mayoría de los tenedores de bonos de deuda argentina eran ciudadanos argentinos que los habían adquirido a través de las AFJP (empresas de sistema previsional jubilatorio privadas que especulaban con los aportes de sus clientes bajo la promesa de entregarles mayores ganancias a la hora de jubilarse) que habían apostado a los bonos de deuda argentinos. Les seguían bonistas oriundos de Italia, ya que los bancos en los que eran clientes también habían apostado sus ahorros de plazo fijo en bonos de deuda argentina. El 72% de los bonos habían sido emitidos en dólares, el 18% en euros y el 10% restante en pesos argentinos, libras esterlinas, yenes, entre otras monedas.

Crecimiento porcentual de la deuda publica argentina
Crecimiento porcentual de la deuda pública argentina entre 1976 y 2001

Argentina, al momento de entrar en default perdió todo acceso a los créditos internacionales, por lo que tuvo que devaluar su moneda, ya que no la podía respaldar con sus escasas reservas y de hecho hasta entonces la mantuvo pegada al valor del dólar gracias a los préstamos que incrementaron la deuda excesivamente.

Los precios de los bonos de deuda argentina se desplomaron ya que las capacidades de pago del país sudamericano eran casi nulas, es ahí donde entraron en acción los fondos buitres para adquirirlos por un precio irrisorio.
   

Los fondos buitres entran en acción

El 24 de diciembre de 2001 el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá anunció que se suspenderían los pagos de deuda hasta que Argentina lograra recuperarse económicamente, atendiendo primero las necesidades de sus ciudadanos y poder luego hacer frente a sus obligaciones de deuda una vez que pudiese hacerlo.

Los precios de los bonos de deuda argentina cayeron estrepitosamente, las calificadoras financieras los declararon bonos basura, ya que eran de altísimo riesgo por la incapacidad de pago que tenía el país, pero a la vez, al ser de alto riesgo sus tasas de interés también eran elevadas.

Eran 95.000 millones de dólares en bonos de deuda los que habían entrado en default, uno de los mayores de la historia mundial. Es en ese momento que varios fondos buitres comenzaron a comprar bonos de la deuda a precios irrisorios (aproximadamente 2% de su valor nominal o sea que por cada 100 dólares de bonos pagaban solamente 2 dólares), ya que pensaban que tarde o temprano el país se recuperaría y en aquel momento podrían reclamar el total del valor nominal de la deuda más los altos intereses acumulados más los punitorios por retrasos en los pagos.

Entre los principales fondos buitres que compraron bonos defaulteados se encuentran el de Kenneth Dart y NML, esta última una subsidiaria de Elliott Management dirigido por Paul Singer. Estos bonos basura tienen altísimas tasas de interés, por lo que si algún día son cobrados generan una gran remuneración a sus tenedores.

Argentina había devaluado su moneda, perdido todo acceso a créditos internacionales, la deuda equivalía a un 166% de su PBI (Producto Bruto Interno, o sea todo el dinero que se genera en el país por todo lo producido, así como por servicios brindados e intercambios comerciales durante un año), el 50% de la población pasó a estar bajo la línea de la pobreza, puesto que sus ahorros en moneda nacional habían perdido el valor anterior (el dólar pasó a valer entre 3 y 4 pesos hasta que se estabilizó en 3 pesos luego de unos meses), la inflación trepó a más del 40%, y para peor habían sido incautados los ahorros bancarios (corralito y corralón) de millones de ciudadanos para hacer frente a la falta de reservas; los créditos a privados eran casi inexistentes y la confianza del pueblo en los bancos casi nula, generándose así una caída de las inversiones, mientras que la desocupación rondaba el 25%.

La Argentina estaba sola y no podía contar con ningún tipo de ayuda del exterior, no obstante la devaluación de su moneda nacional le jugaría a favor ya que volvería competitivos a sus productos en el exterior. De a poco, se reactivaría la industria, el turismo, el comercio, la producción agropecuaria y las exportaciones. Siguiendo un modelo menos especulativo y más orientado a la producción, la economía nacional pudo recuperarse sin la ayuda de ningún tipo de salvataje a bancos por parte de organismos financieros internacionales (como el FMI) que hubiesen endeudado aún más al país.

En el 2005, se comenzaría a discutir una reestructuración de la deuda para cumplir con las obligaciones con los acreedores y recuperar la confianza de inversores extranjeros.

La reestructuración consistía en una quita de hasta el 75% de la deuda con bonistas a través del canje de sus actuales bonos por otros nuevos de tres tipos, entre los que se podían seleccionar:

  • Bonos Par: No tenían quita del valor nominal pero terminarían de cobrarse en un plazo de 33 años, venciendo en el 2038. Con un interés inicial de 1,33% que se iría incrementando hasta el 5,25% a los 25 años de emitirse.
     
  • Bonos Cuasi Par: Con una reducción del 30,1% del valor nominal de los bonos canjeados pero pagarían con una tasa de interés más conveniente, de 3,31% más un monto adicional variable vinculado al índice de precios al consumidor (y al crecimiento del PBI nacional). Su plazo sería de 30 años, venciendo en 2035.
     
  • Bonos Descuento: Con una quita del 66,3% del valor nominal de los bonos canjeados pero con la mayor tasa de interés, del 8,28% y con un plazo de 28 años, venciendo en el año 2033.

El 76% de los bonistas aceptaron la propuesta del gobierno argentino canjeando sus bonos viejos por los nuevos reestructurados. De esta manera 62.500 millones de dólares en bonos (de aquellos acreedores que aceptaron la reestructuración) pasaron a tener un valor nominal de 35.300 millones de dólares. Los bonistas eligieron 15.000 millones de dólares en Bonos Par, 11.900 millones de dólares en Bonos Descuento, y 8.400 millones de dólares en Bonos Cuasi Par.

La mayoría de los tenedores de bonos de deuda eran argentinos (38,4%) que los adquirieron principalmente a través de las AFJP que habían invertido sus aportes jubilatorios en bonos de deuda argentina, con la promesa de pagarles mayores ganancias a sus clientes al momento de jubilarse. En segundo lugar, eran bonistas italianos (15,6%), suizos (10,3%) y estadounidenses (9,1%).

Pero todavía había un 25% de acreedores que rechazaron el canje, los llamados holdouts (del inglés resistencia, oposición, rechazar). Entre ellos se encontraban los fondos buitres.

La Argentina estaba pasando por una bonanza económica y altas tasas de crecimiento, por lo que en enero de 2006 el Gobierno Nacional decidió saldar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional (contraída entre enero y septiembre de 2001 a causa del Blindaje), por un monto de 9.530 millones de dólares.
 
En 2010, el Gobierno de Argentina ofreció al 25% de los bonistas que no ingresaron al canje del año 2005 (holdouts) un nuevo acuerdo. Tras este acuerdo el porcentaje de bonistas que habría ingresado a la reestructuración pasó del 76% al 92%. El restante 7% seguía rechazándolo, entre ellos se encontraban, como es normal en estos casos, los fondos buitres.

Con todas estas medidas se logró reducir la deuda pública argentina del 166% sobre el PBI en el año 2002 al 42% sobre el PBI en 2012, convirtiéndose en el país con mayor desendeudamiento a nivel mundial del porcentaje de deuda en relación a su PBI.

Hacia marzo de 2014, la deuda pública de Argentina (deuda externa más deuda interna con entidades públicas locales como el Banco Central de la República Argentina, el ANSES, las provincias, entre otras) es de unos 257.000 millones de dólares de los que unos 137.800 millones de dólares correspondían a la deuda externa. La relación de la deuda pública sobre el PBI era de aproximadamente el 43% (160% en 2002). La relación de la deuda externa sobre el PBI era de 23% (cerca del 90% en 2005); la relación de la deuda externa con capitales públicos no financieros extranjeros era del 10% del PBI y la relación de la deuda externa con el sector privado financiero era del 12% del PBI. Es necesario aclarar que si bien se redujo el porcentaje de deuda en relación al PBI, el valor nominal de la deuda pública aumentó desde el año 2005 a 257.000 millones de dólares, por un lado debido al endeudamiento interno con entidades públicas argentinas para hacer frente a las obligaciones con bonistas y entidades del exterior y por otro lado debido a los altos intereses de los bonos emitidos en canjes anteriores como el megacanje de 2001.

Evolucion de la deuda publica argentina
Evolución de la deuda pública argentina entre 1976 y 2009 - Cliquear para ampliar explicación

No obstante, los fondos buitres comenzarían ya desde 2007 su accionar para poder cobrar a través de litigios judiciales el total del valor nominal de sus bonos, más intereses acumulados y punitorios por retrasos en los pagos.

En 2008, NML Capital, adquirió bonos de la deuda argentina pertenecientes a acreedores que no habían aceptado la reestructuración del año 2005, los llamados holdouts (que por aquel entonces representaban aproximadamente el 24% de los tenedores de bonos de deuda argentina). Los bonos de los holdouts todavía no estaban fuera del default (como sí estaban luego de la reestructuración de 2005 el 76% de los bonos reestructurados), por lo que tenían el valor de bonos basura (considerados de gran riesgo). NML compró estos bonos en el año 2008 por 48,7 millones de dólares. Es necesario aclarar que el 70% de estos bonos fueron emitidos por el Megacanje de 2001, mientras que el 30% restante en 1994 bajo el modelo de la convertibilidad explicado anteriormente. El valor nominal de los bonos de deuda adquiridos por NML era de 222,6 millones de dólares y los compró a 48,7 millones de dólares.

Para explicarlo con palabras simples, estos fondos buitres no prestaron ningún dinero, o sea que Argentina no les debe por haber recibido préstamos por parte de ellos, lo único que hicieron es comprar los bonos devaluados a un precio muy bajo para después exigir el total de su valor nominal y con la diferencia ganada hacer un excelente negocio financiero.

En los bonos emitidos durante los años '90 y el Megacanje de 2001 se especificaba que en caso de presentarse cualquier litigio entre las partes debería ser resuelto en una corte estadounidense. Ya que los mismos se encontraban bajo la legislación del país norteamericano, los fondos buitres harían cualquier demanda judicial en contra de la Argentina en tribunales de Estados Unidos.

Los fondos buitres que demandaron a la Argentina eran NML Capital Ltd (subsidiaria de Elliott Mangement y dirigida por Paul Singer), Aurelius (dirigido por Mark Brodsky) y EM Ltd (de Kenneth Dart); reclamando el 100% del valor nominal de los títulos de deuda que poseían más los intereses devenidos y los punitorios por retrasos en el pago. Paul Singer inició dos querellas judiciales contra Argentina ante los tribunales del estado de Nueva York. Pronto se sumarían los fondos buitres Lightwater Corp. Ltd., Old Castle Holdings Ltd., Allen DCA, Grantor Trust, Pedro Aldermen, Scott R. Harris y Vathani Emmanuel and Glencore Ltd.

Paul Singer director del fondo buitre NML Capital LTD
Paul Singer - Director del fondo buitre NML Capital Ltd. que ha demandado a la Argentina

El 11 enero de 2010, el Juez Federal de Nueva York, Thomas Griesa, mandó a incautar 1,8 millones de dólares que el Banco Central de la República Argentina tenía en una cuenta que opera en la Reserva Federal de esa ciudad. Además, ordenó embargar todo el dinero perteneciente a la República Argentina que pasara por las cuentas bancarias de su distrito, así como propiedades y bienes estatales argentinos ubicados en ese mismo distrito hasta cubrir todo el dinero que reclamaban. Pero el 15 de enero de 2010, se llegó a un acuerdo y el embargo fue levantado.

En febrero de 2012, el Juez de la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, dictaminó que se estaba violando por parte de Argentina la cláusula pari passu que establece que se debe dar tratamiento igualitario a todos los bonistas tenedores del título de deuda en cuestión. Estos bonos fueron emitidos en 1994 y 2001 y según la cláusula pari passu, indicada en estos, el emisor del bono no puede otorgar a futuros acreedores, garantías o condiciones más favorables que al resto de los acreedores. Esto significa que si los acreedores que ingresaron a la reestructuración tenían derecho a cobrar, también lo tenían aquellos bonistas que no ingresaron. Sin embargo, es importante notar que los fondos buitres NML, Aurelius y otros que están enfrentados legalmente a la Argentina, compraron esos bonos en el año 2008, o sea con posterioridad a la mayoría de los bonistas (76% por aquel entonces y 93% luego del canje de deuda de 2010) que sí aceptaron la reestructuración.

El 21 de noviembre de 2012, el Juez Thomas Griesa de la Corte del Segundo Circuito de Nueva York ratificó su dictamen de que la Argentina debe pagarle para el 15 de diciembre de 2012 -la misma fecha en que Argentina debía pagarles a los acreedores que ingresaron a la reestructuración- a los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel K y otros, el monto de 1.330 millones de dólares en concepto del valor nominal de los bonos en su tenencia más intereses acumulados hasta ese entonces y punitorios, bajo la interpretación de la cláusula pari passu en que todos los bonistas tenían el derecho a ser tratados en igualdad de condiciones y por lo tanto cobrar en la misma fecha. El argumento de la corte y de NML era que si Argentina le paga a un acreedor, también debe pagarle a todos los demás, incluyendo a aquellos que no ingresaron al canje de deuda en 2005 y 2010.

Sin embargo, esta cláusula pari passu pone entre la espada y la pared a la Argentina, ya que al momento de negociarse la reestructuración de deuda en los años 2005 y 2010 se incluyó la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers - Derechos sobre futuras ofertas), por la cual se prohibe pagarles más de lo acordado en el canje de deuda a los holdouts (bonistas que no ingresaron al canje de 2005 y 2010) que al resto de los bonistas que sí ingresaron, creando así una igualdad de condiciones de cobro, tanto para aquellos que ingresaron como para aquellos que no. La cláusula RUFO indica que si Argentina les pagara voluntariamente la totalidad del valor nominal de los bonos más intereses y punitorios a los holdouts, aquellos que aceptaron la quita de deuda (de hasta 75%) en la reestructuración de 2005 y 2010, también estarían en pleno derecho de reclamar el 100% del valor nominal de sus deudas más intereses, derrumbándose así todo el acuerdo del canje de deuda, el cual quedaría sin efecto y obligaría a la Argentina a pagar la totalidad de su deuda externa más intereses a todos los bonistas por un total que ronda los 140.000 millones de dólares, devastando a la economía del país sudamericano.

La claúsula RUFO fue incluida por el Ministro Lavagna en 2004, para lograr más adherentes a la reestructuración. Tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto entre la cláusula pari passu que establece que todos los bonistas tienen derecho a ser tratados con igualdad de condiciones y recibir sus pagos al día y la cláusula RUFO que indicaba que ningún bonista holdout podía recibir más que el resto de los bonistas que aceptaron el canje; la Argentina se encontraba entre la espada y la pared hasta el 31 de diciembre de 2014. Hacia 2016, la única cláusula limitante que quedaba era la pari passu.

Pero vale aclarar que en los nuevos bonos canjeados se indicaba que la cláusula RUFO solamente se haría efectiva si Argentina hubiese decidido pagar un mayor porcentaje del dinero debido a los holdouts voluntariamente, que el porcentaje acordado a pagar con los bonistas que aceptaron el canje. Pero como en este caso, si se hubiese llegado a realizar el pago por una orden judicial y no voluntariamente, según algunos analistas no tenía razones para ser activada, aunque igual así era un riesgo para el país.

El 27 de febrero de 2013, los jueces de la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos escucharon la apelación de Argentina ante el caso. La corte procedió a solicitar una nueva propuesta por parte de Argentina como plan de pago alternativo para los holdouts. El país sudamericano le ofreció exactamente el mismo trato que al 93% restante de bonistas que ingresaron al canje de deuda; sin embargo, el 19 de abril de 2013, NML Capital rechazó la oferta.

El 23 de mayo de 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que este caso podría traer serias implicancias negativas en futuras reestructuraciones de deudas soberanas de otros países.

El 24 de junio de 2013, Argentina solicitó una apelación en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, para pedir que se anulara el dictamen de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que ordenaba el pago de la totalidad del valor nominal de los bonos, más intereses, más punitorios a los fondos buitres.

El 11 de julio de 2013, cortes judiciales de Alemania fallaron a favor de Argentina, rechazando las demandas realizadas por otros fondos buitres en contra del país en Alemania.

El 26 de julio de 2013, Francia se presentó como amicus curiae (terceros ajenos a un litigio judicial que brindan su opinión acerca de un caso) en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, respaldando la posición argentina. El Fondo Monetario Internacional pretendía presentarse también como amicus curiae a favor de la Argentina por las graves consecuencias que podría acarrear a futuras reestructuraciones de deudas de otros países. Sin embargo, a último momento, la directora del FMI, Christine Lagarde, a pesar de declarar su preocupación por el accionar de los fondos buitres, decidió no emitir opinión como amicus curiae.

El 23 de agosto de 2013, la Corte del Segundo Circuito de Nueva York demoró el fallo final hasta que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidiera si aceptaba o no la apelación por parte de Argentina.

El 7 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió no tomar el caso de la deuda de Argentina con los fondos buitres encabezados por NML Capital. En noviembre de 2013, la Corte del Segundo Circuito ratificó la decisión del Juez Griesa a favor de NML Capital. Argentina solicitó una segunda apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pero nuevamente fue rechazada.

El 6 de diciembre de 2013, el Gobierno de Estados Unidos de América se presentó como amicus curiae a favor de la posición Argentina ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, expresando que "este caso podría permitir que un solo acreedor lograra frustrar planes de reestructuración de deuda con apoyo internacional, y con ello arruinar décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha invertido para promover un sistema de cooperación y resolución de crisis de deudas soberanas". Estados Unidos estuvo acompañado en la defensa de la posición argentina en el caso por el Banco de Nueva York y otros fondos de inversión que sí ingresaron al canje de deuda y que se encontraban como rehenes de los fondos de capitales de riesgo, ya que peligraban los futuros cobros de las deudas pertenecientes a sus bonos.

El 10 de enero de 2014, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América aceptó escuchar la apelación argentina acerca de si los acreedores tienen derecho a obtener de parte de entidades financieras información acerca de los bienes que un país posee en el extranjero, ya que los fondos buitres utilizarían esta información para embargar dichos bienes.

El 18 de febrero de 2014, Argentina apeló ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de Thomas Griesa, así como la ratificación de la Corte de Apelaciones.

El 16 de junio de 2014, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América rechazó la apelación de Argentina y el caso volvió a manos del juez Thomas Griesa, quedando firme su sentencia anterior, pero dejando lugar a una posible negociación entre las partes querellantes. La Corte Suprema también falló en contra de la presentación que hizo la Argentina en el tribunal pidiendo que se revocara el derecho que tienen los holdouts de obtener información financiera acerca de los bienes que posee un país en el extranjero para ser eventualmente embargados en caso de no cobrarse los montos reclamados.

El 17 de junio de 2014, Argentina anunció que continuaría pagando al 93% de los acreedores que aceptaron el acuerdo de reestructuración de deuda en 2005 y 2010 y no les pagaría a los holdouts.

El 18 de junio de 2014, los abogados representantes de Argentina declararon que el país negociaría con los fondos buitres para llegar a un acuerdo de pago. Argentina tenía hasta el 30 de julio para llegar a un acuerdo. Si no se llegaba a un acuerdo, Argentina debería pagar la totalidad del monto exigido por los fondos buitres encabezados por NML más intereses y punitorios (que hacia 2014 ya alcanzaban los 1.500 millones de dólares por los intereses y punitorios acumulados a la fecha). Esto último podría generar demandas judiciales por parte de los demás holdouts que verían como factible la posibilidad de ganar los juicios, obligando así a la Argentina a pagar 15.000 millones de dólares (la totalidad del monto equivalente a los bonos aún en default del 7% de los acreedores que no ingresaron al canje en 2010). Por otro lado, si Argentina no les pagaba sería declarada en default técnico.

El 23 de junio de 2014, el Juez Thomas Griesa designó al abogado Daniel Pollack como intermediario entre la Argentina y los fondos buitres.

El 26 de junio, Argentina realizó el pago de 832 millones de dólares a los bonistas que ingresaron al canje, de los cuales 539 millones de dólares fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY), banco encargado de efectuar el pago a los bonistas. Una vez depositados los fondos girados ya no eran propiedad de la República Argentina sino que pertenecían al banco BONY que fue contratado para girar el dinero y concretar el pago a los bonistas que entraron al canje de deuda. Pero el 27 de junio de 2014, el juez Thomas Griesa ordenó bloquear el pago hasta que se les pagara también a los fondos buitre los 1.500 millones de dólares reclamados. El juez ordenó al banco devolver el dinero al organismo monetario argentino, indicando que el pago no puede ser realizado y que cualquier intento de hacerlo sería considerado como un desacato con su Corte. Al realizar la transferencia de pagos a los bonistas, Argentina mostró voluntad de pago y cumplimiento con lo establecido en el canje de deuda.

El 30 de junio de 2014, vencía el pago a los bonistas que ingresaron al canje, pero la decisión del juez Griesa generó críticas tanto por parte de los bonistas europeos, cuyo agente de pago es la empresa de servicios financieros Euroclear, así como de los bonistas cuyos títulos se encuentran bajo legislación estadounidense a través del Bank of New York Mellon, ya que Argentina había realizado los depósitos en fecha y cumplimiento de lo establecido en el canje.

El 4 de julio de 2014, el Gobierno de Argentina intimó a los intermediarios financieros (BONY y Euroclear) a que hicieran uso de todas las herramientas legales y financieras necesarias para completar el pago a los bonistas, ya que según el Gobierno argentino, son ellos los responsables de hacer llegar los pagos a los bonistas y que en caso de darse demandas legales por parte de los tenedores de bonos reestructurados, serían estas entidades financieras las responsables y las que tendrían que hacer frente a estas. Por consiguiente, los bonistas europeos presentaron demandas contra Euroclear en Bélgica (país donde se encuentra la casa matriz de la empresa) para obtener una orden que confirme que los fallos judiciales realizados en cortes de Estados Unidos no tendrían ninguna validez en aquel país. Por su parte, el Bank of New York Mellon también le pidió al juez Griesa una audiencia antes del 30 de julio de 2014 para solucionar el conflicto.

Aviso legal del gobierno argentino a los bonistas
Aviso legal del Gobierno de la República Argentina que certifica el pago realizado por el país a los bonistas, dejando claro el desinterés de recuperar el monto de dinero bloqueado por el juez Griesa en el BONY y que la falta de pago a los acreedores queda bajo la exclusiva responsabilidad de las entidades intermediarias de pago (BONY y Euroclear).

El 7 de julio de 2014, el Ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof se reunió con el mediador designado por el juez Griesa, Daniel Pollack, solicitando a la corte un stay judicial (orden que suspende temporalmente o mantiene inactiva una sentencia judicial), ya que Argentina necesitaba tiempo para negociar con los fondos buitres.

El 22 de julio de 2014, Griesa rechazó el pedido de stay judicial y ordenó tanto a la Argentina como a los fondos buitres que se reunieran con el mediador designado para negociar y llegar a un acuerdo antes del 30 de julio de 2014, fecha en que vencería el plazo de pago de los 1.500 millones de dólares a los fondos buitres.

El 30 de julio de 2014, el Ministro de Economía Axel Kicillof se reunió con el mediador Daniel Pollack y con los representantes de los fondos buitres, ofreciéndoles ingresar al canje en igualdad de condiciones a las del 93% de los bonistas que accedieron en 2005 y 2010, expresando que esto representaría una tasa de retorno del 300% sobre el valor invertido por los fondos buitres que adquirieron los bonos por 48,7 millones de dólares en 2008. Pero la oferta argentina fue rechazada.

El 7 de agosto de 2014, Argentina demandó a Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de la Haya. "La Argentina acusa a Estados Unidos de haber realizado violaciones de su soberanía y otras ilegalidades a través de decisiones judiciales tomadas por tribunales estadounidenses, por lo tanto su Poder Judicial, en relación a la reestructuración de la deuda pública argentina". La Corte Internacional de La Haya envió la presentación al Gobierno de Estados Unidos de América, pero no tomaría ninguna acción hasta que el país norteamericano aceptara la jurisdicción de aquel tribunal.

Cuanto dinero reclaman los fondos buitres a Argentina
Cuánto dinero reclaman los fondos butres a Argentina

Los fondos buitres que forman parte de este litigio judicial en contra de la Argentina y que el fallo del juez de la causa, Thomas Griesa, les fue favorable son: NML Capital (de Paul Singer), Aurelius (de Mark Brodsky), Blue Angel, Olifant Fund y ACP Partner. Su reclamo es por los bonos de una deuda cuyo valor nominal es de 428 millones de dólares, pero que con los intereses acumulados hacia agosto de 2014 y los punitorios por retrasos en el pago, la cifra ascendía por esa fecha a 1.500 millones de dólares. El 52% del monto correspondía a NML Capital, el 33% a Aurelius, el 13% a Blue Angel y el 2% restante a los fondos Olifant Fund y ACP Partner. En el caso particular de NML Capital, compró en el año 2008 bonos aún en default (bonos basura o de riesgo pertenecientes a bonistas que no aceptaron entrar al canje de deuda de 2005) por un monto de 48,7 millones de dólares (y cuyo valor nominal es de 222,6 millones de dólares), pero con los altísimos intereses acumulados (por ser bonos de riesgo aún en default) y los punitorios, en agosto de 2014 el monto exigido solo por NML era de 832 millones de dólares, por lo que la tasa de retorno agregado para aquel fondo buitre era de 1608%. El 70% de estos bonos en manos de los fondos buitres fueron emitidos en el 2001 por el Megacanje, mientras que el 30% restante en 1994.

Reclamo de NML Capital
Cuánto pagó el fondo buitre NML Capital y cuánto exige por los bonos basura que compró en 2008

El 93% de los bonistas que aceptaron la reestructuración hasta este fallo, recibían normalmente sus pagos periódicos por parte de Argentina. Los fondos buitres representan tan solo al 1% de todos los bonistas, pero podrían perjudicar enormemente al 93%, ya que bloquean el normal pago periódico a dichos tenedores. El pago de todo el monto exigido por los fondos buitres también podría generar una situación en la que el 6% restante de los holdouts estuvieran en condiciones de exigirle a la Argentina el saldo total del valor nominal de sus deudas en un solo pago, más intereses y punitorios en breve tiempo, por 15.000 millones de dólares (poco más del 50% de las reservas que tenía Argentina hacia agosto de 2014). Esto sería absurdo, dado que un país no puede destinar más de la mitad de sus reservas en el pago de deudas, cuando hay gastos internos de salud, educación, obras públicas, seguridad social, etc que tienen prioridad. Esto ocurría en Argentina antes del 2001, cuando las políticas tendían a priorizar a los acreedores financieros por sobre las necesidades de la ciudadanía.

Cuanto le debe Argentina a los holdouts
Cuánto le debía Argentina en agosto de 2014 a los holdouts (7% del total de los bonistas)


Como perjudicaria a Argentina el pago a los fondos buitres
Cómo perjudicaría a la Argentina el pago a los fondos buitres

El pago del monto exigido por los fondos buitres, que tan solo representan al 1% de los bonistas, podía desarmar totalmente el acuerdo de reestructuración y quita de deuda logrado en los canjes de 2005 y 2010, ya que se hubiese estado violando la cláusula RUFO (vencida el 1 de enero de 2015), mencionada anteriormente, por la cual si se llegaba a pagar más del porcentaje acordado en el canje de deuda a los holdouts que al 93% de los bonistas que ingresaron a la reestructuración, estos últimos hubiesen tenido también el derecho a exigir las mismas condiciones que los holdouts, alegando que sería injusto que el 1% fuera beneficiado recibiendo todo lo reclamado en un pago instantáneo y ellos tuvieran que contentarse con quitas y largos plazos; haciendo que la Argentina estuviese obligada a saldar de un solo pago aproximadamente 140.000 millones de dólares (más o menos el 20% del PBI argentino hacia 2014); algo que hubiese sido catastrófico no solo económicamente sino que social y políticamente para el país sudamericano.

Pero también podría haber perjudicado a la economía mundial, ya que este fallo del Juez Griesa ante el mayor reclamo de la historia de los fondos buitres a un país que ha reestructurado su deuda casi en su totalidad (93%), podría haberse convertido en el precedente de futuros casos ganados por parte de otros fondos de capital de riesgo, a países que se encontrarán en procesos de reestructuración de sus deudas, haciendo que el método o sistema de canje de deuda, muy utilizado en el sistema financiero internacional, se tornara en obsoleto, socavando de esta manera todo intento de salvar el desarrollo de la estructura social y económica de países en crisis y empobrecimiento, originados en la toma de malas decisiones políticas del pasado, incluyéndose en la lista al propio Estados Unidos.

Es necesario también dejar claro que Argentina hasta el momento, durante la última década pudo hacer frente a su deuda externa sin acudir a salvatajes de entidades financieras extranjeras u organismos multilaterales, como se solía hacer en décadas pasadas y que lo único que habían logrado era incrementar la deuda exponencialmente. Esta arremetida de los fondos buitres contra el voluntario proceso de desendeudamiento estructurado y organizado de la Argentina y el visto bueno de la Corte del Juez Griesa a sus exigencias, si bien representa una amenaza al país sudamericano, es una amenaza aún mayor para otros países en los que la relación de sus deudas públicas con su PBI es mucho más grande, ya que hacia 2014 la relación de la deuda pública de Argentina sobre su PBI era de aproximadamente el 43%, mientras que por ejemplo en Estados Unidos 102% de su PBI.

Incluso, como se puede ver en el párrafo anterior, el fallo del juez Thomas Griesa, un magistrado de Estados Unidos, podría perjudicar en un futuro a la resolución de la deuda de su propio país.

En el año 2016, con el nuevo gobierno de centro derecha de Mauricio Macri, las políticas de Argentina hacia los fondos buitres cambiaron sustancialmente y el propósito de la nueva gestión era pactar un acuerdo con los holdouts para que el país pudiera finalmente acceder a créditos internacionales y solventar obras de infraestructura, aunque muchos opositores sostienen que estos créditos irían destinados al pago de otras deudas y a las reservas del Banco Central para mantener el precio del peso argentino y las tasas de inflación bajas, artificialmente, como se solía hacer en los años '90, en lugar de hacerlo mediante un modelo productivo.

Sin embargo, un país con una calificación de riesgo no tan buena, que lo tilda de -de manera arbitraria- como incumplidor ante sus obligaciones financieras de deuda, le impide el acceso a créditos internacionales para el desarrollo de obras de infraestructura y si puede acceder a ellos, sería a tasas de interés muy altas que lo terminarían endeudando mucho más. También reducen el número de inversiones extranjeras en el país, ya que los empresarios, basados en esas calificaciones que consideran a un país de riesgoso, prefieren invertir en otros lugares. No obstante, es bueno recalcar que Argentina fue un país cumplidor frente a sus deudas durante los últimos años y el que más se desendeudó en el planeta durante la última década y es tan solo ese 7% de los acreedores (en realidad el 1% más duro, compuesto por los fondos buitres) los que bloqueaban los créditos a tasas bajas para Argentina y la llegada de inversiones en grandes cantidades (inversiones llegaban, aunque no en las grandes proporciones que una economía como la argentina requiere).

Ya con la cláusula RUFO vencida desde hacía más de un año, Argentina presentó en febrero de 2016 por primera vez una contraoferta ante los fondos buitres desde 2014, que les era mucho más favorable. El nuevo secretario de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, propuso pagarles a los holdouts que se encuentran litigio con la Argentina, el 75% del valor reclamado (una quita del 25%), o sea unos US$ 6.500 millones de los US$ 9.000 que reclaman aproximadamente el 85% de los holdouts, esto equivale a casi la mayoría de los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Del grupo de los fondos buitres más grandes, Montreux Partners y Dart Management aceptaron la oferta argentina, mientras que el grupo más duro compuesto por NML Capital Ltd (subsidiaria de Elliott Mangement y dirigida por Paul Singer), Aurelius (dirigido por Mark Brodsky y que negociaba también en nombre de los fondos buitres Olifant y Blue Angel), Bracebridge Capital y Davidson Kempner rechazaron en un principio la propuesta argentina. Las negociaciones continuaron y finalmente el núcleo más duro terminó aceptando la oferta con la condición de que Argentina les pagara hasta el 14 de abril de 2016, US$ 4.653 millones en efectivo a los holdouts demandantes y los me too (término que en inglés significa yo también, para definir a los acreedores que se suman a las demandas de los principales fondos demandantes).

La propuesta argentina a los bonistas estaba atada a dos condiciones, una era que el Congreso de Argentina (poder legislativo) derogara las leyes Cerrojo y de Pago Soberano (que impedían una reapertura de las exitosas reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que adhirieron el 93% de los bonistas) y que el Juez Griesa levantara el mandato judicial que le impedía a Argentina realizar pagos al 93% de los bonistas que aceptaron la reestructuración.

Inmediatamente, con estos acuerdos, la agencia de evaluación y calificación de riesgos Standard and Poor's ascendió a la Argentina de una calificación "CCC-" (correspondiente a países donde las inversiones pueden llegar a ser riesgosas, vulnerables a un incumplimiento de pago y dependientes de condiciones favorables del negocio, financieras o económicas para que el país cumpla con sus compromisos financieros) a "B-" (correspondiente a países donde las inversiones pueden llegar a ser más estables, aunque aún son vulnerables a condiciones económicas, financieras y del negocio adversas, pero, actualmente, son países con capacidad para cumplir con sus obligaciones). Esta evaluación califica las posibilidades de un país de acceder al crédito internacional y de afrontar el pago de esa deuda en tiempo y forma.

La propuesta contemplaba que el dinero para pagarles a los holdouts no provendría de las reservas del Banco Central sino de un endeudamiento por US$ 15.000 millones.

El 15 de marzo de 2016, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, votó en su mayoría a favor del pago de la deuda a los holdouts, aunque algunos grupos opositores, como el Frente Renovador de Sergio Massa, el Bloque Justicialista de Diego Bossio (ex miembro del Frente Para la Victoria), el GEN (Generación para un Encuentro Nacional de Margarita Stolbizer), bloques provinciales y el socialismo, exigieron para dar el quórum (proporción de votos favorables para que haya acuerdo), cambios a siete puntos de la propuesta del oficialismo:

  • El endeudamiento debía tener un techo de US$ 12.000 millones y debía ser utilizado para pagar únicamente a los holdouts. Modificando así la propuesta del Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación Argentina, Alfonso Prat Gay, que consistía en endeudarse por US$ 15.000 millones y utilizar el dinero que quedara para financiar obras públicas y gastos corrientes.
  • Que la Cámara de Apelaciones de Nueva York tenga un fallo favorable para Argentina y deje sin efecto los amparos que prohíben emitir deuda a la Argentina.
  • Que los nuevos bonos sean emitidos desde un principio con cláusulas que cubrieran al país frente a nuevas demandas. Con estas cláusulas, en caso de que el país disponga un canje de deuda en el futuro, todos los acreedores deberán aceptar la propuesta de pago argentina si al menos dos tercios de ellos la acepta, por lo que no podría volverse a dar una situación en la que un porcentaje menor de bonistas condicionaran todo un acuerdo de pago, como ocurría en este caso en el que un 7% de bonistas ponían en peligro todo un arreglo con el 93% de los otros bonistas.
  • Que se impidiera que futuras propuestas a los holdouts que no están contemplados en este acuerdo puedan superar la actual.
  • Que el pago a los holdouts se realice sólo después de que se concrete el levantamiento automático y efectivo de las órdenes Pari Passu del Juez Griesa (que garantizan que todos los bonistas sean tratados igualitariamente dando a entender que a cada uno de ellos debía pagárseles lo que se les debe).
  • Que se facultara al Congreso a controlar y fiscalizar el manejo de los fondos por parte del Poder Ejecutivo para que no se utilicen para gastos corrientes y que el informe periódico se hiciera cada tres meses.
  • Limitar las comisiones y beneficios que cobrarán bancos e intermediarios por la toma de esta nueva deuda a un 0,2% del monto.

En la cámara de Diputados se votó en mayoría la derogación de la Ley Cerrojo (que impedía al país reabrir o iniciar nuevas negociaciones tras los exitosos canjes de deuda de 2005 y 2010, por lo que lo que se había establecido en esas negociaciones, era lo único que se les podía ofrecer a los holdouts), la derogación -por pedido del juez Thomas Griesa- de la Ley de Pago Soberano (que eludía un fallo de Griesa, que prohibía el pago a bonistas reestructurados hasta que se acordara con los holdouts, cambiando la sede de pago de Nueva York a Buenos Aires). También se aprobó que el Gobierno puediera tomar nueva deuda para pagarles a los fondos buitres por un máximo de US$ 12.000 millones.
 
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Qué es un fondo buitre


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 Excelente

 Excelente informe.

Necesitaba algo así para entender este triste fenomeno mundial del mercado financiero de usura.

Muchas gracias.

Buen post. 

Buen post. 

Esto un abogado lo hubiese

Esto un abogado lo hubiese solucionado 
http://www.asesoríagranada.com

 Muy buen informe para

 Muy buen informe para tener siempre presente en la memoria. Esos tiempos por suerte ya pasaron y los fondos del exterior pueden volver a invertir en Argentina!

 Muy buen post.! 

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Muy buen artículo. En la

Muy buen artículo. En la década del 90 redujeron las asignaciones familiares para bajar el gasto público!

 Muy buen trabajo, gracias

 Muy buen trabajo, gracias por aportar tantos datos