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Ejemplos de fondos buitres actuando sobre diferentes países


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Hasta la década del '70 las demandas judiciales por parte de acreedores privados a países no eran comunes y las leyes de la época no eran demasiado favorables para ellos; ya que los estados contaban con cierta inmunidad en los tribunales cuando se trataba de casos que implicaban deuda soberana. Pero tras el boom en los países productores de petróleo que depositaban sus activos en bancos de distintas partes del mundo (los llamados petrodólares), se generó un exceso de dinero guardado en los mismos, por lo que esos mismos bancos decidieron aprovechar este excedente monetario otorgando préstamos con bajos intereses a países y lograr así grandes ganancias (a través de los intereses).

El mundo financiero comenzó a fomentar esta práctica y se generaron miles de millones de dólares en intereses por la excesiva cantidad de préstamos otorgados, en su mayoría a países en desarrollo y con el supuesto fin de ser utilizados en obras públicas y ayudas sociales para sus ciudadanos (aunque en muchos casos sus ciudadanos fueron realmente estafados ya que gran parte de ese dinero fue destinado a la especulación financiera, malversación por parte de dirigentes corruptos y acumulación de activos en cuentas privadas). Muchos de estos países tampoco contaban con la posibilidad de devolverlos ya que carecían de industria o producción de bienes que generaran un superávit (mayores ingresos que gastos) en su balanza comercial.

Tras el segundo boom pretrolero a finales de la década de los años '70, este proceso se aceleró, por lo que se siguió financiando a países en desarrollo. Así la deuda externa conjunta de Latinoamérica pasó de los 48.000 millones de dólares en 1973 a los 350.000 millones en 1983.

Brasil

Hacia los años '80 la deuda externa de Brasil alcanzó los 121.000 millones de dólares (una de las más altas del mundo en aquellos tiempos), de los cuales unos 50.000 millones eran con bancos comerciales privados. Durante años, esos bancos acreedores de Estados Unidos y distintos países de Europa buscaron lograr una reestructuración de esta deuda, la cual llegó en 1994.

A partir de 1989 y durante los siguientes cinco años se fueron sumando más y más países endeudados al llamado Plan Brady, el cual consistía en un descuento de sus deudas con bancos comerciales privados y un canje por bonos nuevos; ya que la idea era quitar presión para fomentar la inversión extranjera en esos países; pero bajo la condición de cumplir con ciertas cláusulas establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales consistían en una reducción del gasto público; fomento de la privatización de empresas y bienes estatales (las cuales fueron adquiridas en gran parte por capitales europeos y estadounidenses, entre los cuales también se encontraban algunos de los bancos acreedores); reducción de empleos públicos; recortes de gastos de salud, educación y rentas a jubilados; reducción de restricciones aduaneras a productos extranjeros y la generación de superávit fiscal.

Brasil fue el último país en incorporarse al Plan Brady en 1994; reestructurando a 35.000 millones de dólares la deuda de 50.000 millones que tenía con bancos comerciales. Fue en ese momento que Kenneth B. Dart, titular del fondo buitre Dart Management, previendo que Brasil se incorporaría al acuerdo, lo cual haría subir el valor nominal de los bonos de la deuda brasilera, se adelantó comprando el 4% de la deuda reestructurada de 35.000 millones (equivalente a 1400 millones de dólares de valor nominal) por un monto de 375 millones de dólares. Dart planteó una demanda judicial contra el estado brasilero, litigio que logró prolongar por tres años con el objetivo de cobrar todo el valor nominal de los bonos adquiridos más intereses. Finalmente, si bien no logró obtener los 1400 millones que pretendía, el fallo judicial apuntó a favor de Dart, por lo que logró embolsar 980 millones de dólares (161% de ganancias ya que los bonos fueron adquiridos por tan solo 375 millones de dólares o 27% de su valor nominal).

Perú

En noviembre de 1992 Perú entró en suspensión de pagos de su deuda y en 1995 se anunció una reestructuración de la misma con los bonistas acorde a las condiciones establecidas en el Plan Brady (explicado anteriormente). Fue recién al firmarse el acuerdo, cuando el fondo buitre Elliott Associates L.P., dirigido por el estadounidense Paul Singer, compró entre enero y marzo de 1996, 20 millones de dólares (valor nominal) en bonos de deuda soberana peruana al precio de 11 millones de dólares.

Durante ese año se negociaron los términos de la reestructuración de deuda con los acreedores, de los cuales todos aceptaron el canje de deuda salvo dos que se rehusaron a participar, Pravin Banker Associates Ltd. y el fondo buitre Elliott Associates; presentando este último una demanda ante los tribunales de la Ciudad de Nueva York, litigio que perdió en primera instancia pero que ganó en segunda. Tras el fallo judicial favorable al fondo Elliott, cuando el Gobierno de Perú estaba por realizar el giro de fondos para los acreedores que sí aceptaron entrar al canje de deuda reestructurada se emitió una orden judicial del tribunal neyorquino que exigía el embargo de ese dinero. Por lo tanto Perú corría el riesgo de ser declarado como país en default si ese monto no llegaba a manos de los acreedores que acordaron la reestructuración; así el país se encontraba entre la espada y la pared, por lo que el gobierno peruano se vio obligado a pagarle 58 millones de dólares al fondo de capital de riesgo Elliott en concepto de deuda, intereses y punitorios (427% de ganancias sobre el valor en que los bonos fueron adquiridos y 190% por sobre el valor nominal de los mismos).

Congo

En 1982 el entonces presidente dictatorial del Congo, Mobutu Sese Seko, pidió un préstamo de 30 millones de dólares a la ex Yugoslavia para la construcción de un puente que nunca se construyó, mientras que el dinero desapareció. Luego el fondo buitre FG Hemisphere dirigido por Peter Grossman, compró dicha deuda por 3 millones de dólares y tras demandar judicialmente a dicho país en el año 2010, obtuvo en 2011 un fallo judicial favorable, realizado en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey, que le permitió a FG Hemisphere embolsar 100 millones de dólares (3233% de ganancias por sobre el valor invertido y 233% por encima del valor nominal de la deuda); suficiente como para resolver gran parte de los problemas de falta de agua potable que tiene el país y salvar así cientos de miles de vidas azotadas por enfermedades como cólera.

Pero el Congo sigue siendo atacado por fondos buitres que pretenden seguir especulando con los pocos activos que tiene esta castigada nación. A finales de los años 1990s, el fondo buitre de origen estadounidense Red Mountain Finance, compró una deuda de valor nominal de 8 millones de dólares que tenía el país con el Club de Londres (London Club). La deuda la compró por el módico precio de 800.000 dólares (10% de su valor nominal) y al demandarlo buscaba obtener 27 millones de dólares por su valor nominal más intereses. Tras un litigio judicial planteado por Red Mountain Finance, la corte falló a favor del fondo buitre; el Congo apeló pero nuevamente perdió el caso, y la corte ordenó que no le pagara a otros bonistas que hayan aceptado la reestructuración de deuda hasta pagarle a Red Mountain. No pagarle al fondo buitre hubiese sido desastroso para la ya castigada economía de aquel país, por lo que finalmente en 2002 se acordó un pago de algo más de 8 millones de dólares (1000% de ganancias por sobre el valor en que Red Mountain obtuvo los bonos y aproximadamente el mismo valor nominal de la deuda).

Otros fondos buitres que han demandado al Congo son Frans Edward Prins Rootman por 43,5 millones de dólares (habiendo ganado el caso y obtenido finalmente 12,5 millones) y en 2009 Themis Capital por 80 millones de dólares.

Todo este dinero que termina siendo embolsado por fondos de capital de riesgo que especulan financieramente con la frágil economía de ese país, obteniendo grandes ganancias, serían de gran ayuda para el desarrollo humano, social, y económico de sus ciudadanos.
 
Zambia

En 1999 un fondo buitre llamado Donegal International compró una deuda, con valor nominal de 15 millones de dólares, al precio de 3,3 millones de dólares.

Seis años más tarde la deuda de Zambia fue cancelada y el país comenzó a ahorrar 40 millones de dólares al año, que servían de ayuda para su desarrollo económico, ya que no tenía que pagarles más al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo Donegal planteó una demanda judicial por todo el valor nominal de la deuda, más intereses, más punitorios por costos y retrasos, equivalentes a 55 millones de dólares (37% más de lo que el país podría ahorrar en un año). El 15 de febrero de 2007, un tribunal de Londres rechazó el monto reclamado por Donegal, aunque dictaminó que aún así el fondo buitre tiene derechos a recibir un monto justo por esa deuda. En abril de 2007, la corte ordenó a Zambia pagar 15,4 millones de dólares más los costos del pleito legal a Donegal (367% de ganancias por sobre el valor invertido).
 
Grecia
 
Grecia fue recibiendo a lo largo de los años préstamos fáciles y de bajos intereses destinados principalmente a obras públicas, sueldos estatales, la costosísima organización de los Juegos de Atenas 2004, y la reducción del déficit presupuestal (lo que mide si un país gasta más o menos que lo que recibe) poniendo en la balanza dinero prestado que ayudaba a maquillar las cuentas públicas (ya que uno de los requerimientos principales para que un país de la Unión Europea pudiera formar parte de la Eurozona es que su déficit público se encuente por debajo del 3% del PBI, o sea que si se gasta más de lo que se tiene, al menos estos gastos no superen el 3% del PBI; para ejemplificarlo si se tienen 100 Euros no se pueden gastar más de 103 Euros). Grecia en realidad de cada 100 Euros que tenía gastaba 107 (déficit de 7% del PBI), por lo que reducía este déficit falsamente con dinero prestado de la banca local e internacional (principalmente de Alemania y Francia entre otros países).

Todas estas medidas lograron que se fuera acumulando una enorme deuda que hacia 2009 alcanzaría el 113% de su Producto Bruto Interno (PBI), o sea 13% más de todo el dinero que el país poseía en bienes y servicios producidos durante aquel año. Esta relación entre deuda y PBI era casi el doble del permitido en los países de la Eurozona, del 60% de deuda sobre el PBI. Hacia 2014 la deuda alcanzaría una razón del 175% sobre su PBI.
 
Los principales responsables de este endeudamiento incluyen al gobierno griego, cargado de irresponsabilidades políticas y económicas, a los grandes fondos de inversión como Goldman Sachs que participaron en el ocultamiento de la deuda y maquillaje de las finanzas públicas del país balcánico, y a países de la Unión Europea como Alemania y Francia que no intervinieron en el asunto para impedir que sus bancos -interesados en obtener beneficios de los intereses crediticios- siguieran prestando más dinero a Grecia.

¿Pero cómo hace Grecia actualmente para pagar sus obligaciones con los acreedores? Pidiendo más deuda para saldar las cuotas e intereses de sus deudas anteriores.

Hacia 2010 dado que los enormes gastos públicos generaban un elevado déficit presupuestal (se gastaba más de lo que se recibía) ya se sabía en los mercados financieros del mundo que el país no podría hacer frente a su enorme deuda (a menos que recibiera algún tipo de ayuda o salvataje, en otras palabras, nuevos créditos para saldar las deudas anteriores). Así los bonos de deuda griegos fueron perdiendo su valor y ya entre 2011 y 2012 se vendían en promedio a mitad de su valor nominal.

Esta situación de un posible default atrajo inmediatamente a los fondos buitres que querían especular con la deuda helénica.

La deuda de Grecia ascendía a unos 350.000 millones de Euros (463.000 millones de dólares); a la cual no podía hacer frente sola, por lo tanto habían dos opciones:

  • La primera opción era entrar en default (suspensión de los pagos hasta recuperarse), salir del Euro (esto no significa salir de la Unión Europea ya que países de dicho bloque como Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Polonia, Hungría, entre otros, tienen sus propias monedas nacionales y no participan de la Eurozona) creando una moneda nacional propia devaluada que generaría mayor competitividad de precios de productos frente a los de otros países de la región, y aumentando así la producción nacional de bienes industriales, agrícolas y ganaderos así como de servicios como el turismo, y la investigación en ciencia y tecnología. Todo esto generaría trabajos para sus ciudadanos y eventualmente al lograr un presupuesto superavitario (más ganancias que pérdidas) podría haber hecho frente a sus deudas como han hecho otros países. Esta opción hubiese sido más beneficiosa (a largo plazo) para el pueblo helénico aunque un gran golpe para el mundo financiero europeo compuesta por inversores y bancos internacionales, así como perjudicial para los demás países de la zona que encontrarían un competidor con productos a menor costo además de ser un ejemplo a seguir por otros países en situaciones similares como España, Portugal e Irlanda; algo que hubiese perjudicado enormemente a las mayores potencias europeas. Sin embargo dadas las bajas reservas monetarias del Banco Central de Grecia es probable que esto podría haber generado una nueva moneda muy devaluada, y altas tasas de inflación; llevando igualmente a muchos griegos a vivir por debajo de la línea de la pobreza (al principio) ya que sus bienes y ahorros se hubiesen visto también devaluados. De tomarse esta medida el problema se hubiera solucionado incentivando la producción nacional de productos industriales y productos del sector primario (agropecuarios y de minería) para su exportación, así como la generación de servicios y turismo; creando un flujo de dinero para las arcas nacionales y consiguiente generación de empleos.
     
  • La segunda opción era no entrar en default y hacer frente a las deudas con bonistas, a través de un salvataje financiero ofrecido por la denominada Troika (un triunvirato formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) a cambio de que Grecia realizara una fuerte política de ajustes. Este dinero obviamente no sería destinado a ayudar al castigado pueblo griego que en dos años pasó de tener uno de los 25 mejores niveles de vida a nivel mundial a tener a un tercio de su población bajo el nivel de la pobreza. Hasta el último centavo de este salvataje sería destinado para pagar a los acreedores. Además de que ese crédito de salvataje era para pagar la deuda y no para ayudar a sus ciudadanos, estos últimos, a cambio para contentar al mundo financiero, deberían sacrificarse soportando mayores limitaciones y restricciones en su nivel de vida.

El gobierno griego finalmente decidió tomar la segunda opción. El paquete de ajustes que debería implementar el gobierno griego como requerimiento para recibir el salvataje de 130.000 millones de euros (172.000 millones de dólares) por parte de la Troika y reducir su déficit fiscal, consistía en:

  • Realizar una reducción adicional de gastos públicos de alrededor 3300 millones de euros (4400 millones de dólares) equivalentes a aproximadamente el 1,5% del PBI con políticas de austeridad.
     
  • Cierre de escuelas y privatización de instituciones educativas públicas como universidades.
     
  • Reducción en los gastos de salud.
     
  • Recortes laborales que llegaran a los 150.000 despidos de empleados públicos hacia 2015.
     
  • Reducción en las pensiones por 300 millones de euros (397 millones de dólares), equivalentes a una reducción del 20% de los ingresos mensuales a jubilados y pensionados. Esta medida sería aplicada solamente a aquellos que recibieran más de 1300 euros (1700 dólares) mensuales.
     
  • Recorte del 22% en salarios mínimos mensuales, enviándolos a 550 euros (741 dólares) mensuales. El recorte para aquellos menores de 25 años de edad sería del 32%.
     
  • Fomentar las políticas de privatización de tierras, empresas públicas, aeropuertos, derechos de minería y otros bienes públicos para lograr aumentar las reservas aproximadamente 19.000 millones de euros (25.000 millones de dólares). Esto atraería inversiones de capitales privados que adquirirían a bajo costo empresas y bienes públicos.
     
  • Aumento de los impuestos por 3380 millones de euros (4470 millones de dólares).
     
  • Recorte del 5% en contribuciones de seguro social.

Otro requerimiento de la Troika era que Grecia reestructurara su deuda con los bonistas quienes aceptarían una quita de aproximadamente el 50%.

Estas medidas tranquilizaron a los bancos del mundo especialmente los de Alemania, Francia y Gran Bretaña (que prestaron mucho dinero al gobierno griego en años anteriores); ya que hubiesen generado grandes pérdidas para los mismos así como para el sistema crediticio de aquellos países, dado que las pérdidas en reservas de los bancos, los hubiese obligado a subir los intereses de los préstamos en sus países (a menos dinero almacenado disponible para préstamos hay que elevar los intereses para desalentar los créditos), reduciéndose la cartera de clientes privados que piden créditos y posiblemente, a largo plazo, desacelerándose las economías de esos países en cierto grado (menos créditos pedidos por ciudadanos significa menos gastos realizados por los mismos). Otro efecto hubiese sido la pérdida de confianza en el sistema bancario y crediticio europeo así como de otras instituciones financieras del continente por parte de los europeos, que en muchos casos depositaron sus ahorros en bancos que prometieron devolverles grandes réditos (a través de intereses) al apostar el dinero de sus clientes en títulos de deudas de distintos países.

La Troika además obligó al gobierno griego a reestructurar la deuda con los bonistas logrando una quita del 50% del valor nominal de sus bonos (igualmente superior al valor en que se comercializaban por aquel entonces los títulos de deuda griegos en los mercados financieros a aproximadamente el 30% de su valor nominal). En febrero de 2012 se aprobó la Ley de Acreedores mediante la cual si más de dos tercios de los bonistas adherían a la reestructuración de deuda, todos debían aceptarla.

Pero como siempre, los fondos buitres Dart Management y Elliott Associates rechazaron la reestrucutración. Dart Management amenazó al gobierno helénico con llevarlo ante un tribunal estadounidense si no pagaba los 436 millones de dólares del valor nominal de los bonos que poseía (los cuales adquirió por un valor muy inferior al nominal) más intereses. Finalmente Grecia no quiso entrar en un litigio legal y con parte del dinero que obtuvo del salvataje, pagó el 90% del monto exigido por Dart Management en mayo de 2012.

Se calcula que aproximadamente 7000 millones de dólares de la deuda griega están en manos de fondos buitres que pretenden recurrir a los tribunales internacionales.

Toda esta situación favorable a los especuladores e inversores financieros internacionales y salvatajes para entidades privadas y bancarias a costa de aplicar mayores ajustes al ya castigado pueblo griego no hizo más que aumentar el desempleo de Grecia a 28% hacia 2013, las tasas de suicidio de jubilados, los desahucios, el exilio de jóvenes, el empobrecimiento del pueblo (más del 33% de la población por debajo de la línea de la pobreza), los despidos, los recortes salariales, los cierres de instituciones educativas, así como de pequeñas y medianas empresas.
 
Panamá

En octubre de 1995, Elliott Associates L.P. compró aproximadamente 28,7 millones de dólares de la deuda soberana panameña al precio de 17,5 millones de dólares. Ese mismo año el Gobierno de Panamá solicitó a sus acreedores una reestructuración de la deuda. La mayoría de los bonistas accedió al acuerdo salvo el fondo buitre Elliott.

En julio de 1996, Elliott Associates, representado por una de las más fuertes firmas de abogados en casos financieros, presentó una demanda judicial en contra de Panamá en una corte de la Ciudad de Nueva York, exigiendo el pago del total del valor nominal de sus bonos (28,7 millones de dólares) más intereses y punitorios. El caso llegó hasta la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la cual favoreció al fondo de capital de riesgo, obligando a Panamá a pagar 57 millones de dólares (225% de ganancias por sobre el valor en que obtuvo los bonos y 98% por sobre el valor nominal de los bonos).

Continúa en Qué son los fondos buitres - Parte IV >>


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